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La Argentina depende cada vez más de la exportación agroindustrial
Siete representantes institucionales coincidieron en que el país depende del comercio de alimentos con el mundo y que el “ajuste” hay que hacerlo en la política. Gustavo Idígoras (CIARA-CEC) citó un trabajo de CIPPEC que indica que pasar de 65 a 90 mil millones de dólares de exportación por año permitiría reducir el 38% la pobreza.
¿Cómo te imaginás que seguirá esto? Preguntó el moderador a Raúl Dente, economista y director ejecutivo de la Federación de Acopiadores. “El futuro de la Argentina depende de las exportaciones, que deben crecer sistemáticamente para evitar las crisis. Es necesario que ingresen dólares”, dijo el economista para añadir: “crecer hacia adentro es un planteo agotado. Cuando se escucha hablar de impulsar el consumo interno, de aumentar el gasto público… sabemos que son estrategias que suman problemas”.
Fueron siete los referentes instituciones que moderados por el periodista Ricardo Bindi debatieron sobre el futuro de la agroindustria argentina en uno de los espacios propuestos por A Todo Soja. El congreso es la nueva propuesta de la Federación de Acopiadores y se llevó a cabo en el marco de Mercosoja 2019, organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), en Rosario, el 4 y 5 de septiembre. A Todo Soja se suma para los años impares a su par A Todo Trigo, que tendrá su próxima edición en mayo de 2020.
“Para mantener las exportaciones hacen falta políticas monetarias consistentes y un plan económico que las respalde. Hay que evitar ideas que con el fin de cuidar la mesa de los argentinos traen consigo errores como la implementación de ROE´s, o restricciones al comercio”, continuó Dente para alertar: “Aprendamos del pasado”. “Piensen antes lo que van a hacer”, invitó en su mensaje a los gobernantes. Y a modo de ejemplo citó que por las restricciones al comercio de trigo los productores perdieron 9600 millones de dólares en 8 años.
Fernando Rivara es un empresario del acopio con sede en la localidad de Alberti, provincia de Buenos Aires, y actual presidente de la Federación de Acopiadores. “Acá hay que hacer un ajuste muy importante. ¿Lo van a hacer en la producción? ¿En la gente pobre? En lo que va de este año la Cámara de Diputados tuvo 5 reuniones. Y me animaría a decir que esas serán todas las que tendrán en 2019. En Senadores fueron 4. Su presupuesto es de 23.717 millones de pesos. Pregunten en el pueblo cuántos empleados públicos tenía su municipio cuando comenzó la democracia y cuántos tiene ahora. No hay dudas, el ajuste hay que hacerlo en la política”, reflexionó el empresario. “Pago 300 mil pesos de alumbrado público y tengo sólo un foco en la puerta del molino”, graficó.
“¿Cómo puede ser que no tengamos una ley de semillas en un país agroexportador? Los diputados tienen que debatir, tienen que instruirse. Necesitamos que la sociedad presione más a los políticos. Necesitamos un Estado que actúe con inteligencia y un periodismo que hable de las cosas importantes y no se haga eco de los disparates que dice Grabois”, expresó el empresario. “Estamos perdiendo el tiempo debatiendo el sexo de los ángeles”, dijo y generó un aplauso cerrado por parte de la audiencia congregada en la Bolsa de Comercio de Rosario.
“Tenemos que explicarle a la sociedad argentina que para resolver los problemas sociales debemos aumentar nuestra capacidad exportadora”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC. El ex agregado agrícola en Bruselas citó un trabajo publicado recientemente por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) donde se detalla que "Argentina exporta anualmente unos 65 mil millones de dólares, de los cuales el 55% o 56% son de origen animal y vegetal. Pasar de 65 a 90 mil millones de dólares de exportación por año llevaría a reducir el 38% la pobreza que hoy tenemos y generar mayores oportunidades de empleo".
De cara al futuro
“Estamos en una circunstancia internacional peligrosa, vamos hacia un comercio internacional administrado. Necesitamos cadenas de valor absolutamente integradas”, aportó Idígoras. “Desarrollar una política de acceso a mercados lleva muchos años”, agregó. “La primera apertura de la carne vacuna al exterior llevó 7 años y medio. La Argentina tiene que definir el comercio con el mundo como una política de Estado y también como una política del sector privado e institucional”, puntualizó.
Ramiro Costa es el subdirector ejecutivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El economista habló del trabajo realizado recientemente por las Bolsas donde se establecieron los lineamientos que debe contemplar una agenda de competitividad. Para que el agro crezca debe tener en cuenta el fortalecimiento institucional –las Bolsas tienen más de 100 años de vida-. También se deben considerar varios puntos vinculados al aspecto económico productivo. En este caso se refirió a la alta presión tributaria. Que en el agro integran un sistema complejo y altamente distorsivo, que le quita competitividad. La apertura de mercados es otro tema clave, junto a la gestión de riesgos con herramientas desarrolladas y confiables, y reglas que impulsen y protejan la innovación, como la Ley de Semillas.
El aspecto social territorial es el tercero de los temas trabajados por las Bolsas, habida cuenta del impacto en la generación de empleo que tiene el sector y la necesidad de formar recursos humanos capaces de gerenciar el cambio tecnológico. El otro tema fue la infraestructura, de transporte, energética y digital. Y por último, el capítulo ambiental, que es estratégico y responde a las nuevas demandas sociales. Sobre este tema, Costa recordó el trabajo hecho por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, creada hace 5 años e integrada por 90 instituciones.
“Las instituciones siempre tuvieron importancia en la agroindustria y actualmente se está fortaleciendo esa relación. El rol de las Bolsas es muy valioso”, acotó Raúl Meroi, el vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
“La Argentina no puede perder la carrera tecnológica. Debemos acompañar con cantidad y calidad la apertura de mercados. Tenemos problemas con la proteína de la soja. El mundo no sólo quiere comer más sino también mejor”, puntualizó Alfredo Paseyro, director Ejecutivo de ASA.
El representante de ASA, conformada por 80 empresas semilleras de las cuales 65 son argentinas, “que llevan nombre y apellido”, recordó que el gobierno tuvo la oportunidad de sancionar La ley de Semillas y crear un triángulo virtuoso junto a las leyes de biotecnología y economía del conocimiento.
Ricardo Bergmann es productor miembro del CREA Monte Buey y también participó del panel en representación de AACREA. “A los productores nos falta entrenamiento para armar consensos”, dijo y destacó que las empresas deben potenciar su flexibilidad y creatividad para mantenerse y seguir creciendo. “También debemos buscar nichos que nos permitan escapar de los focos políticos y relacionarnos. Hoy el productor que está solo está peor que el que está acompañado”, expresó y destacó el aporte de los grupos CREA en ese sentido.
En medio de la incertidumbre, Bergmann recomendó a sus colegas no abandonar la tecnología, no dar grandes volantazos, utilizar las herramientas de cobertura y bajar el nivel de endeudamiento.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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