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La política triguera y el posicionamiento de la marca trigo argentino
Bernaudo puso el eje en algunos aspectos en los que se están trabajando desde el Estado para generar nuevas oportunidades comerciales y mejorar la competitividad. Entre ellos, el incremento de agregados agrícolas en el exterior.
Además destacó la eliminación de trabas burocráticas como el Registro Fiscal de Operaciones de Granos. “Vamos hacia dos declaraciones juradas por año a diferencia de las siete que tenemos ahora, con 80 datos que se repiten entre dos y once veces. Vamos a dejar de lado el actual sistema donde se considera culpable al productor salvo que se demuestre lo contrario”, sintetizó.
El funcionario opinó que se deben alcanzar acuerdos entre los diferentes sectores para lograr la viabilidad social, económica y ambiental que se necesita para generar sostenibilidad. “Ya comprobamos que las leyes no sirven cuando son impuestas y deben generarse consensos”.
En ese sentido, Bernaudo resaltó que en pocos días se pondrá en práctica una norma que impulsará un mayor control en los molinos para combatir el trabajo en negro y las ventas ilegales, un reclamo en el que coinciden los principales actores del sector. “Queremos replicar lo que hicimos con la cadena de la carne, donde logramos un blanqueo superior al 90%”.
A su turno, Hughes de Argentrigo destacó que en los últimos dos años se duplicaron los destinos de exportación, llegando a un total de 47 mercados. “Hoy tenemos un mercado transparente y que funciona. Esa fue la mejor política que ha implementado este Gobierno, dándonos señales de precios claras que nos permitan actuar en consecuencia, como lo estamos haciendo. Para seguir creciendo se necesita darles previsibilidad a los compradores, algo que no se había hecho en los últimos siete años. Tenemos una competencia tremenda en la zona del Mar Negro, donde acaparan entre un 30 y 35% del comercio mundial. Rusia duplicó su producción en ocho años y superó las 70 millones de toneladas de trigo”.
Además, el dirigente aseveró que se deben intensificar los análisis varietales, algo que hoy no hace “casi nadie”. Para eso, evaluó que se debe reforzar el programa nacional de calidad de trigo que llevan adelante algunos semilleros junto a la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca. “En esta iniciativa se prueban distintas fechas de siembra y fertilizaciones en varias regiones. En base a eso, cualquier asesor o productor puede acceder a los datos de cómo se comporta cada variedad. En un momento se hacían más de 1000 muestras y hoy se hacen 300 porque cuesta conseguir financiamiento”.
También consideró fundamental que los semilleros cobren regalías por el trabajo genético que realizan, algo que establecería la nueva Ley de Semillas. “El desarrollo genético es crucial para lograr mayor competitividad”.
Al respecto, el diputado nacional Atilio Benedetti indicó que el bloque de Cambiemos trabaja para lograr la aprobación de esta norma en un Congreso donde el oficialismo carece de mayoría. “La ley ya tiene 45 años de antigüedad y no ha tenido modificaciones, salvo alguna actualización de multas. Es nuestro mayor anhelo sancionar una norma que retribuya a los investigadores que invierten y se esfuerzan en producir mejoras genéticas, científicas y tecnológicas”.
Entre los desafíos pendientes en la agenda política también mencionó un proyecto para reemplazar a la vieja Ley de Warrants, avanzar en una mayor cobertura de seguros agrícolas para apaciguar las catástrofes climáticas y establecer un marco sobre el uso de agroquímicos que termine con “algunos temores infundados”. Además comentó que se debe impulsar una norma que incentive el uso de fertilizantes.
Entre los logros, Benedetti resaltó la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo, que introduce modificaciones al mercado de capitales y ayuda a que las pymes obtengan un mayor respaldo económico.
Sobre el final de la ronda de disertaciones, que fueron moderadas por el periodista Ricardo Bindi, Pierbattisti puso énfasis en la necesidad de contar con un instituto de promoción, que entre otras cosas ayude al sector privado a posicionar el trigo argentino en el mundo e instruya a las poblaciones urbanas sobre el rol que cumple el campo en la economía nacional.
“Existen muchos mitos sobre estos organismos, como que se necesita una gran cantidad de asalariados estatales para mantenerlos y se generaría mayor burocracia. Pero en realidad, son en su mayoría entidades privadas o de participación mixta que las han implementado en muchos países del mundo. De hecho, Turquía y Kazajistán, mayores exportadores mundiales de harina, han incorporado organismos de promoción. Mientras que Canadá lo mantiene desde 1972 y Australia planea crear uno”, ejemplificó el experto.
Por último, Pierbattisti comentó que sería un error pensar en una “marca de trigo argentino”, ya que la relación de fidelidad comercial se establece entre un proveedor particular y su cliente, más allá del país de origen. “Justamente, los organismos de promoción no interfieren en ese vínculo comercial, pero se ocupan de una serie de aspectos que ayudan al posicionamiento de las empresas”, finalizó.
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“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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