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Por Prensa fyo.- Acerca del conflicto gremial que amenaza con paralizar la actividad en las terminales próximas a Rosario, ayer la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso inició, desde las 14, una "huelga nacional aceitera por tiempo indeterminado", ante "la falta de respuestas de las cámaras patronales de la actividad al petitorio de reclamos presentado", indicó la entidad.
 
Desde el sector sindical desmintieron que los hechos del martes en la planta de Dreyfus respondieran a demoras adicionales en la descarga como consecuencia de un quite de colaboración sorpresivo de la Federación, en pleno proceso de conciliación obligatoria que venció recién ayer por la tarde.
 
Al respecto, el secretario General de la entidad, Daniel Yofra, aseguró que se trata de un desmanejo habitual de las empresas a esta altura del año, cuando entra el grueso de la cosecha. De esta forma, desalentó la idea de que el nuevo paro pueda complicar más esta situación porque consideró que las empresas tomarán sus recaudos ante la inminencia de la medida de fuerza, derivando camiones a otros puertos del norte, donde la Federación no tiene incidencia directa.
 
CUADRO DE SITUACIÓN PODRÍA AGRAVARSE
Sin embargo, el cuadro de situación, en el que también se encuentran los trabajadores del Senasa que iniciaron ayer un paro por 96 horas, podría agravarse si la CGT San Lorenzo resuelve hoy sumarse a las medidas de protesta. Ante la posibilidad de que se adhieran a la medida los habituales aliados, la CGT San Lorenzo, el panorama quedaría más complicado para los exportadores.
 
"Si se produce el paro, afectará las operaciones de todas las terminales", dijo Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), haciendo referencia a los 22 puertos fluviales en las ciudades de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, ubicados unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario.
 
La lejanía del alcance de un acuerdo entre las partes, cuando la Federación de Aceiteros reclama un aumento salarial de entre 42% y 48% contra una propuesta no mayor al 25%, donde en medio entra el gobierno nacional que pide un techo a los reclamos, prepara un terreno de conflicto que parece dar sustento al temor empresario de nuevos episodios de violencia.