NOTICIAS Y VIDEOS /

Los esfuerzos de las principales cámaras empresarias por concretar, a comienzos de diciembre, la presentación judicial contra la Ley de Abastecimiento tuvieron el tan temido primer traspié judicial antes de las Fiestas.
Tal como algunas entidades imaginaban, pese a las recomendaciones del estudio de abogados contratado (Juan Carlos Cassagne), el juez en lo civil y comercial que recibió el caso se declaró incompetente para resolver la inconstitucionalidad de la norma, lo que fue interpretado por los empresarios como una forma de eludir el tema y evitar conflictos con el Gobierno.
 
Se trata del juez federal del fuero Civil y Comercial Horacio Alfonso, el mismo que intervino en la causa de la Ley de Medios. Este magistrado recibió la causa luego de que Cassagne recusara al primer juez al que le había caído la demanda por sorteo. Ocurrió que se trataba del mismo juzgado que tiene la causa de la Sociedad Rural Argentina (SRA) contra el Gobierno por la anulación de la compraventa del predio de la Rural dispuesto por el Gobierno por decreto en 2012, según trascendió.
 
Fuentes empresarias aclararon que el G6 consideró que no resulta prolijo que el mismo juez tenga dos causas con los mismos protagonistas, por lo que Cassagne avanzó con la recusación y la causa por la Ley de Abastecimiento cayó en el juzgado de Alfonso. Este magistrado consideró que no es de su competencia juzgar la inconstitucionalidad de la norma, por lo que no tomó el caso. Sin embargo, el estudio de abogados contratado por el G6 insistió ante ese juzgado e impugnó la decisión de Alfonso, al tiempo que reforzó la tesis de que sí es competencia del juez civil y comercial tratar esta causa. Luego llegó la feria judicial y todo quedó en stand by. Será hasta febrero, cuando los jueces retomen la actividad. Mientras tanto, los empresarios aprovechan los días de veraneo.
 
"Nosotros siempre supimos que era una posibilidad que el juez rechace tomar el caso, así como también que lo tome y no avale nuestro planteo", consideró uno de los miembros del G6, conformado por las cámaras de Comercio (CAC); Construcción (Camarco); la Unión Industrial Argentina (UIA); la Bolsa de Comercio; la SRA y la Asociación de Bancos argentinos de Capital Privado (Adeba).
 
Según publicó El Cronista, las principales dudas en varias de las cámaras giraban en torno a si era factible realizar un pedido de inconstitucionalidad de la norma en abstracto, es decir, sin la existencia de un caso concreto. Muchos abogados de las entidades sostenían que no era posible, pero finalmente la resolución de Cassagne –contratado para llevar adelante esta acción en conjunto– fue que sí se podía presentar debido a que la sanción misma de la ley implicaba un "daño inminente".
 
Este análisis llevó algunos meses, un tiempo extenso que llevó a pensar que los empresarios habían desistido de realizar la presentación, ante la sensación de que el Gobierno no aplicaría la norma. Sin embargo, todos los miembros coincidieron en que era importante realizar el gesto político, más allá del resultado. "Quizá la no aplicación de la ley no es por bonomía sino porque no encontraron el motivo", había enfatizado el abogado de la UIA y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja.
 
Uno de los artículos considerados por los empresarios como más polémicos de la Ley es el que le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de establecer –en cualquier etapa del proceso económico– márgenes de utilidad, precios de referencia, precios mínimos y máximos. También el hecho de que los gobernadores de las provincias y el jefe de Gobierno porteño podrán fijar precios máximos en sus territorios.