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Tras 17 días sin poder trabajar, TPR congeló búsqueda de cargas
La última reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que fue el martes, no arrojó resultados positivos y el puerto de Rosario cumplió ayer 17 días sin actividad a raíz de la decisión del sindicato de estibadores (Supa) de no acatar la conciliación obligatoria y tener los muelles parados.
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PuntoBiz.com
El gremio se mantiene firme en pedir el pase a planta de 130 trabajadores y en negar acuerdos firmados para desvinculaciones (jubilaciones y retiro anticipado de estibadores que figuran como cronicamente enfermos). Pero esta vez, a diferencia de los anteriores concesionarios, TPR (cuyos accionistas, Vicentín y Ultramar, tienen otros negocios más importantes) poseen más espalda para aguantar la huelga.
Y, según supo punto biz, la decisión que se tomó es de desactivar toda las gestiones en marcha para la búsqueda de nuevas cargas y negocios para los muelles locales hasta que no haya una solución de fondo que genere certidumbre a mediano plazo.
El temor entre los ejecutivos es que ante una tregua no firme, cuando vuelvan las operaciones, los barcos queden rehenes de posibles nuevas medidas de fuerza, como pasó hace 20 días cuando al vencerse la anterior conciliación dos buques (uno de harina y otro de mineral de hierro) quedaron a medio cargar y sin poder salir por varios días. Todo eso generó una pérdida económica muy fuerte para TPR por los contratos operativos incumplidos, y no es un gasto que la empresa quiera volver a tener. Además, a partir de los recientes conflictos, en TPR ya recibieron de sus usuales usuarios cláusulas de compromisos de cumplimiento de servicio como condición para volver.
En ámbitos empresarios sorprende la falta de una contundente toma de posición política del gobierno provincial, más aún cuando la huelga no es por despidos sino por el pase a plata del personal (TPR ya comprometió sumar 22). Y si bien la discusión es el ámbito del Ministerio de Trabajo, y el Enapro luego de intentar intermediar terminó laudando hacia la empresa por la decisión del SUPA de desacatar la conciliación, la importancia política y económica del puerto supone un mayor compromiso provincial. Sobre todo cuando el conflicto todavía es manejable ya que hay que recordar que la última vez que el puerto tuvo tantos días de huelga seguidos fue en la previa a la caída de Ictsi.
Además, sobrevuela la sombra del abogado laboralista Juan Carlos Lombardi, histórico asesor del Supa y protagonista en la crisis de Ictsi de finales de los 90, como el cerebro de este reclamo sindical que es visto como punta de lanza para lograr otros negocios en el puerto, como obtenía el gremio en tiempos de Guillermo Salazar Boero. Es que Vicentín barrió el “loteo” de negocios que hacía Salazar en los muelles (no sólo con el Supa) y lo reemplazó con contratos de tercerización a empresas del palo (como el caso de Milisenda), a imagen de los grandes puertos cerealistas. Y luego de permanecer un tiempo acobachado esperando que la empresa se recupere del desastre de la caída de Salazar y hunda inversiones, lo que quiere el mentor jurídico del gremio es volver a ocupar negocios en el muelle y por eso presiona con los reclamos sindicales.
Y, según supo punto biz, la decisión que se tomó es de desactivar toda las gestiones en marcha para la búsqueda de nuevas cargas y negocios para los muelles locales hasta que no haya una solución de fondo que genere certidumbre a mediano plazo.
El temor entre los ejecutivos es que ante una tregua no firme, cuando vuelvan las operaciones, los barcos queden rehenes de posibles nuevas medidas de fuerza, como pasó hace 20 días cuando al vencerse la anterior conciliación dos buques (uno de harina y otro de mineral de hierro) quedaron a medio cargar y sin poder salir por varios días. Todo eso generó una pérdida económica muy fuerte para TPR por los contratos operativos incumplidos, y no es un gasto que la empresa quiera volver a tener. Además, a partir de los recientes conflictos, en TPR ya recibieron de sus usuales usuarios cláusulas de compromisos de cumplimiento de servicio como condición para volver.
En ámbitos empresarios sorprende la falta de una contundente toma de posición política del gobierno provincial, más aún cuando la huelga no es por despidos sino por el pase a plata del personal (TPR ya comprometió sumar 22). Y si bien la discusión es el ámbito del Ministerio de Trabajo, y el Enapro luego de intentar intermediar terminó laudando hacia la empresa por la decisión del SUPA de desacatar la conciliación, la importancia política y económica del puerto supone un mayor compromiso provincial. Sobre todo cuando el conflicto todavía es manejable ya que hay que recordar que la última vez que el puerto tuvo tantos días de huelga seguidos fue en la previa a la caída de Ictsi.
Además, sobrevuela la sombra del abogado laboralista Juan Carlos Lombardi, histórico asesor del Supa y protagonista en la crisis de Ictsi de finales de los 90, como el cerebro de este reclamo sindical que es visto como punta de lanza para lograr otros negocios en el puerto, como obtenía el gremio en tiempos de Guillermo Salazar Boero. Es que Vicentín barrió el “loteo” de negocios que hacía Salazar en los muelles (no sólo con el Supa) y lo reemplazó con contratos de tercerización a empresas del palo (como el caso de Milisenda), a imagen de los grandes puertos cerealistas. Y luego de permanecer un tiempo acobachado esperando que la empresa se recupere del desastre de la caída de Salazar y hunda inversiones, lo que quiere el mentor jurídico del gremio es volver a ocupar negocios en el muelle y por eso presiona con los reclamos sindicales.
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