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El titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, rechazó hoy la intención del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley al Congreso para reemplazar el actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), entidad de carácter privado, por una nueva agencia coordinadora que aglutinará a todo el sector cárnico, el Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA), cuyo titular podrá ser designado por el ministro de Agricultura.
 
El empresario rural se opuso a esta iniciativa gubernamental al señalar que el IPCVA se trata de un organismo que "funciona perfectamente bien" para promocionar la industria local, y señaló que la Casa Rosada "no propone nada eficiente a cambio".
 
El IPCVA, un ente privado creado por ley en el año 2000, tiene el objetivo de mejorar las prácticas ganaderas y difundir en el mundo "la calidad y bondad de la carne argentina", explicó Etchevehere. Sus integrantes provienen exclusivamente del sector privado, y su dirección es reclutada de las filas de la Mesa de Enlace. El financiamiento llega a los 60 millones de pesos anuales, y está constituido por "depósitos compulsivos", cuyos aportes provienen en un 70% desde los productores ganaderos, mientras que el 30% restante de los frigoríficos.
 
"Como hizo con el Renatre, el Gobierno pretende incautarlo (el instituto) y decomisarlo con cualquier excusa. El dinero, bienes y recursos de ahí son de los productores ganaderos", fustigó el titular de la SRA en diálogo con radio Mitre, y vinculó la decisión del oficialismo a un "resentimiento" y "otro capítulo de la revancha del Gobierno con la producción argentina".
 
El anuncio del Poder Ejecutivo fue realizado ayer en conferencia de prensa por el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Según trascendió, la normativa reducirá al mínimo la presencia de las entidades de la Mesa de Enlace en el IPCA. La composición de la asamblea de representantes del IPCA estará conformada por un presidente (con doble voto) y 16 miembros: 4 del sector productivo, 3 del sector industrial, 4 del gobierno nacional, y 5 de las provincias productoras.
 
"Con este proyecto de ley, estamos dando un paso fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de mercados que se encuentran en un crecimiento constante. Incluir a las cadenas productivas de carnes como la aviar, la porcina, la ovina, la caprina y de las provenientes de la pesca y la acuicultura, fomentarán aún más los diferentes hábitos de consumo del pueblo argentino", señaló Casamiquela.
 
Según el argumento oficial, la creación del nuevo IPCA contempla la caída que registró el consumo local de carne bovina en la última década, que disminuyó de 85 a 56 kilos anuales por habitante, mientras que el consumo de pollo trepó a 42 kilos, a 11 kilos en cerdo y a 9 kilos en pescado.
 
Pero la Mesa de Enlace se ubica de la vereda de enfrente. El frente patronal rural, constituido por la Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural y Coninagro, el actual IPCVA, "hoy es una herramienta fundamental para contrarrestar la terrible pérdida de competitividad y el alejamiento del mundo que generó el gobierno nacional en el mercado vacuno".
 
La iniciativa del Poder Ejecutivo hacia el sector agropecuario coincidió con un "tractorazo" convocado ayer en la ciudad de Córdoba por las entidades empresarias del campo. Allí, los productores invadieron el casco urbano con sus máquinas agropecuarias, en rechazo a la "alta presión fiscal" que sufre el campo.
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En la misma ronda de prensa, los funcionarios nacionales presentaron también el giro de una nueva ley de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y un proyecto de Ley de Acuicultura.
 
Con respecto al Senasa, el Gobierno busca dotar a este organismo de herramientas para atender de forma inmediata situaciones de emergencia sanitaria y permitir el manejo más eficiente de su planta de personal y presupuesto. Para ello, "declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción agropecuaria y forestal de la Argentina y a la inocuidad y calidad de producción primaria y los agroalimentos".
 
En lo que respecta a la acuicultura, la intención es "cuidar los recursos pesqueros y continuar apoyando y fortaleciendo el sector", dotándolo de un marco regulatorio adecuado y adecuando diversos instrumentos de fomento a la actividad, tanto en el ámbito marítimo como continental.
 
Además, el Gobierno autorizó la exportación de un cupo de 1,5 millón de toneladas de trigo, incluida harina, a partir del próximo 15 de diciembre y de 8 millones de toneladas de maíz, desde el 15 de marzo de 2015. Se trata de una continuación de la política de cupos para el giro de mercaderías al exterior, en un contexto donde las divisas escasean y la balanza comercial se deteriora.
 
También se firmaron cinco convenios de corresponsabilidad gremial, los cuales beneficiarán a más de 150.000 trabajadores de diversos sectores agroproductivos del país, con la presencia del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada y el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.