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La semana pasada, el gobierno entendió que estaban las razones para dictar la conciliación y por eso la firmó. Inmediatamente, la empresa retrotrajo su accionar permitiendo otra vez el ingreso de los delegados sindicales al predio. Pero desde el gremio desconocieron la medida oficial y hasta hoy sigue sin haber actividad de carga y descarga en los muelles.
 
Desde esta mañana, y pasado el mediodía, ante la desobediencia del Supa, el Ministerio de Trabajo de la Nación volvió a convocar al gremio para intentar que acate la decisión tomada, pero no trascendieron novedades del resultado. Sí se supo que hay negociaciones entre las partes.
 
El gremio estibador denuncia una serie de incumplimientos de la empresa, que TPR niega de plano y señala que lo único que abona con retraso es la cuota sindical. También denunció penalmente a los sindicalistas por las amenazas de muerte que recibió un director el jueves pasado.
 
En ámbitos empresarios ven con preocupación la facilidad con la que el sindicato desconoce la conciliación obligatoria y, por ende, la autoridad del gobierno, generando así -además de suculentas pérdidas por la falta de actividad de la empresa-  un contexto de mayor incertidumbre jurídica para continuar con inversiones. Conocedores del ambiente portuario están al tanto de que el Supa suele no acatar las conciliaciones y por eso especulan con que tiene que haber cierto guiño oficial de las autoridades para bancar el desacato a la ley.