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El 24 de febrero de 2011, la presidenta Cristina Kirchner dictó el decreto 192, que estableció la disolución de la ex ONCCA, un organismo seriamente sospechado de corrupción. Pese a que los 16 ministros de entonces estamparon su firma, nadie reparó que las tareas naturales del organismo quedaban en un limbo, sin un responsable claro.
Este viernes, tras más de tres años sin controles, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se arrogó esas funciones y delegó en la Secretaría de Comercio el control de las cadenas agroalimentarias. 
 
Kicillof, que había adelantado la medida a un selecto grupo de exportadores de carne, publicó en el Boletín Oficial la Resolución 686/2014, en la que delegó a la Secretaría de Augusto Costa las “facultades de instrucción de las actuaciones administrativas” derivadas de la Ley 21.740 y el Decreto- Ley 6.698/63. Esto es, traspasó a Comercio las funciones que originalmente desempeñaban la Junta Nacional de Carnes y la de Granos, y que luego heredó la ex ONCCA. 
 
La norma firmada en soledad por Kicillof es breve pero contundente.   
En su último artículo, informa de la decisión al Ministerio de Agricultura y a la AFIP. El mensaje de autoridad está claro. La ONCCA era un organismo autárquico de Agricultura y el ministro Carlos Casamiquela aspiraba a retener esas funciones. La AFIP, en tanto, es dirigida por Ricardo Echegaray, señalado como principal responsable político de los supuestos casos de corrupción en la entrega de subsidios, pues controló el organismo entre 2008 y 2009, e incluso habría estado vinculado a un feed lot que iba a cobrar dinero oficial. 
 
Según publicó Clarín, lo grave es que desde la disolución de la ex ONCCA -como sus funciones de control quedaron mal repartidas entre Economía y Agricultura-, ningún área de gobierno se ocupó a conciencia de controlar a las cadenas productoras de carnes, lácteos y granos. Estos sectores facturan miles de millones de dólares, y son frecuentes los casos de evasión y competencia desleal.