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El oficialismo en la Cámara de Diputados debatirá hoy el paquete de proyectos que elaboró el Poder Ejecutivo y que avanza sobre las empresas imponiendo más controles, lo que despertó el unánime repudio del sector privado. Se descuenta que las tres iniciativas serán convertidas en ley tras una nueva sesión maratónica que duraría casi 24 horas.
 
Las propuestas del Ejecutivo incluyen una reforma a la ley de Abastecimiento de 1974, que establece una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo; la creación de un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios; y la apertura de un fuero del consumidor.
 
Las pymes quedaron excluidas del proyecto oficial para modificar la ley de Abastecimiento tras un pedido que hizo la CAME en el Senado, lo que motivó una modificación al texto original, así como otros cambios clave reclamados por empresarios e industriales, pero que no alcanzaron para conformarlos respecto de las observaciones que hicieron a la propuesta que redactó el equipo económico de la presidente Cristina Kirchner.
 
La UIA, las cámaras empresarias y el campo, entre otros sectores, rechazaron de forma rotunda las modificaciones que el kirchnerismo prevé establecer a la ley de Abastecimiento -el proyecto más controvertido y cuestionado de los tres- por considerarla inconstitucional y abusiva, con el supuesto objetivo de combatir la inflación.
 
"El corazón de la ley son estas facultades discrecionales del poder administrativo", opinó Daniel Funes de Rioja, dirigente de la UIA, y sostuvo que el proyecto crea "figuras cercanas a una estatización del mercado".
 
Tras las frustradas negociaciones de la semana pasada con el secretario de Comercio, Augusto Costa, el llamado Grupo de los 6 (G6) que agrupa a las máximas entidades empresarias, se reunió semanas atrás en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) para acordar un texto antes de que el proyecto comenzara a ser discutido en el Congreso.
 
Luego de haber debatido poco más de una hora y media, los dirigentes salieron a expresar su rechazo ante los medios presentes. "Vemos que es negativo a lo que es la actividad económica argentina. Lo vamos a plantear en el Congreso y en el caso de que sea sancionada vamos a ir a la Justicia", anticipó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.
 
Desoyendo las críticas, el Frente para la Victoria llevará los textos de ley al recinto en la que será una sesión especial, que comenzará al mediodía.
 
"Podrán decir que pretende regular, controlar o perseguir a la libre empresa, pero como el objetivo es absolutamente el contrario: regular a los capitales con poder monopólico y con capacidad de abuso sobre los consumidores y pequeñas empresas", reiteró ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante el plenario de comisiones donde se consiguieron los dictámenes para tratar hoy sobre tabla los proyectos.
 
Según sostuvo, "no hay ningún Estado que venga a intervenir, a fijar precios, a avasallar"."Lo único que queremos es perseguir los abusos", aseguró Kicillof, ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Comercios, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda.
 
El empresariado rechaza en forma casi unánime la iniciativa y ya advirtió que recurrirá a la Justicia. Mediante un comunicado, las entidades expresaron que "estas atribuciones constituyen una violación de la Constitución Nacional, al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76".
 


 
NA
 
Los puntos principales de los tres proyectos de ley
 
La autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo puede "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios".
 
En caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa habrá el pago de una compensación "justa y oportuna".
 
Finalmente, se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la Ley "siempre que no detenten una posición dominante en el mercado".
 
La autoridad de aplicación deberá requerir "previamente autorización judicial" para aplicar sanciones como la "inhabilitación especial" o la "clausura temporal".
 
La autoridad de aplicación podrá imponer una clausura inmediata de hasta tres días, sin embargo, si quisiera extender esa sanción por hasta un mes, también deberá pedir permiso a la autoridad judicial.
 
Se consideró "inconveniente" obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio que la mantendrá en secreto.
 
El Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.