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Pese a los cuestionamientos de los aerofumigadores y hasta del Inta y el Senasa, avanza en la Legislatura provincial el proyecto que busca prohibir completamente la fumigación aérea en Santa Fe. Lo llamativo es que la iniciativa es impulsada por el kirchnerismo en Diputados, mientras que al mismo tiempo el Gobierno nacional promueve una regulación -sin prohibición- del sector y renueva el financiamiento a productores para adquirir los aviones fumigadores.
 
En la Cámara de Diputados provincial había dos proyectos sobre el tema. El primero, promovido por José María Tessa y Eduardo Tognoli, y respaldado por el resto del kirchnerismo toma como base el pedido de organizaciones ambientalistas que plantean prohibir las aerofumigaciones y poner un tope de distancia mínimo de 800 metros a las terrestres en zonas urbanas, y 1000 cerca de las escuelas rurales. El segundo, impulsado Susana García (Coalición Cívica) e Inés Bertero (socialismo) que proponía distancias menores y admitía la fumigación aérea. Había consenso para avanzar con este último, sin embargo la comisión de Agricultura -con mayoría kirchnerista- aprobó el primero.
 
“Es contradictorio porque a nivel nacional el Ministerio de Agricultura está convocado a encuentros sobre el tema admitiendo la necesidad de aerofumigación, pero a nivel local quieren prohibirla”, señaló García en diálogo con Punto Biz. Además, el Estado nacional está promoviendo a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de Córdoba que produce los Puelche 25, especializados en fumigación. Al mismo tiempo, se reactivaron líneas de crédito a tasa subsidiada de entre el 5% y 7%, a través del Banco Nación.
 
Como el proyecto ahora llegó a la comisión de Medio Ambiente, la Cámara de Empresas Agroaéreas de Santa Fe (Ceasfe) convocó a los legisladores un encuentro para analizar la problemática del sector. En la misma participó Ramiro Cid, ingeniero agrónomo del Inta, quien criticó la iniciativa propuesta. “Hay que regular la fumigación, pero es una locura prohibir la aérea. Tanto el Inta como el Senasa se oponen porque afectará fuertemente los cultivos regionales”, explicó en el encuentro. Según estimaciones de la cámara, el cultivo del arroz directamente se perdería porque es imposible llegar por vía terrestre, mientras que la de soja podría contraerse hasta un 20%.
 
Habrá un nuevo encuentro sobre el tema a mediados de mes, antes de que la comisión de Medio Ambiente vote al respecto. El temor de toda la cadena reside en que en esta comisión también hay mayoría kirchnerista.