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Tal como adelantó la semana pasada en Rosario, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, la resolución -que se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas- da cabida a las observaciones que llegaron de algunas entidades -como la Bolsa de Cereales de Buenos Aries- aclarando que la CNV no intervendrá en los negocios con entregada de mercadería.
 
 
 
Con respecto a otra observación que habían hecho sectores compradores sobre la posibilidad de poder fijar operaciones a precios que no sean de referencia o de mercado a término (cómo decía el texto original), si bien el gobierno mantiene esa preferencia, les deja la puerta abierta a los compradores a cerrar operaciones sobre valores libremente acordados entre las partes.  No se trata de un tema menor. Las compras a fijar, que llegaron a ser el 50% de lo operado en Bolsa, fueron noticia esta campaña porque los compradores desistieron de usar la Pizarra de la soja como referencia para establecer el valor (argumentando que estaba artificialmente inflada por la injerencia de operaciones a término) y empezaron a fijar en base al precio que ellos ponían (“mercado de comprador", en la jerga), una decisión cuyos críticos la consideran arcaica porque no reconoce el juego de oferta y demanda.
 
 
 
La decisión del gobierno de dejarle la puerta abierta a exportadores a fijar por su propio mercado desencantó un poco a los más fervientes impulsores (del lado de la oferta) en cerrarle esa posibilidad a los compradores, y que creían que fijar por mercado a término era la forma más transparente de hacerlo ya que hasta superaba las impresiones de la Pizarra.
 
 
 
Otro dato a resaltar es que la resolución precisa (y extiende) el plazo que le daba a Bolsas y Mercados a presentar al gobierno el plan de adecuación. En efecto, se dispuso que tendrán treinta días para hacerlo, y recién a partir de la aprobación (que insumirá un par de semanas) recién ahí empezará el proceso de implementación; por lo que todo pinta que la registración obligatoria empezaría a ser real hacia la próxima campaña.
 
 
 
Finalmente, otro tema importante es que se mantuvo la obligatoriedad para que se hagan análisis de los granos que se venden, un costo que (de una forma u otra) terminará pagando el productor. No obstante, no hay obligación del comprador de liquidar en base a esa calidad de grano que recibe.
 
 
 
¿Cuál es el beneficio entonces?  A nivel país, conocer a ciencia cierta la calidad de la cosecha argentina, y en los negocios del día a día que el productor vaya conociendo la real calidad de su grano  y empiece a exigir su cobro, como pasa con el maíz, cultivo que este año no paga calidad (pero sí descuento) por decisión de los compradores que tanta polémica levantó. Todo un proceso.