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La Presidente envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento. La iniciativa elimina la pena de prisión prevista en la norma vigente pero agrega una serie de facultades que le permitirían al Gobierno intervenir en la dirección de las empresas.
 
En una entrevista con el periodista Juan Cruz Sanz, el presidente de una de las entidades empresarias más importantes del país planteó fuertes objeciones. "El Estado quiere reemplazar a las empresas en todas sus decisiones: en la fijación de precios, en la determinación del volumen de producción y en la elección de qué productos se deben producir; es una intervención directa en la gestión ", aseguró Miguel Blanco.
 
De sancionarse el proyecto girado por el Poder Ejecutivo, el Gobierno quedará en condiciones de incautar y vender mercaderías sin la necesidad de un juicio de expropiación previa. También podrá cancelar concesiones, privilegios y regímenes impositivos o crediticios especiales que beneficien a las compañías e incluso tendrá la capacidad de "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios, para la provisión de bienes y servicios imprescindibles", establece el texto.
 
Blanco cree que el texto responde a una "cuestión ideológica" que predomina en el equipo económico del Gobierno: "Piensan que el Estado tiene que decidir en todos los aspectos de la economía y que tiene capacidad para decidir precios y cantidades".
 
IDEA apuesta a iniciar una campaña de concientización para explicarle a la sociedad que este proyecto será negativo para el clima de inversión en un contexto general negativo, de extrema recesión y con medidas que impactan a diario en el bolsillo de los trabajadores.
 
"La sociedad tiene que involucrarse más. No puede ser un sujeto pasivo, sobre todo cuando una medida va a impactar en su vida diaria. Se han destruido puestos de trabajo con cosas similares. Todo esto es institucionalizar las prácticas de (Guillermo) Moreno. Lo ponen en una ley y ya ha demostrado que destruye actividades, como pasó con la ganadería", insistió.
 
La Asociación Empresaria Argentina y la Unión Argentina Industrial también se manifestaron en contra del plan del Gobierno por su marcado espíritu intervencionista. Incluso la Copal emitió un duro documento contra los alcances de la iniciativa. Esta mañana, Sergio Massa y Mauricio Macri coincidieron con las críticas y asimilaron el plan al modelo de desarrollo venezolano.