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Pero la pretensión de Francisco Pérez -urgido como la gran mayoría de los gobernadores por la necesidad de obtener más fuentes de financiamiento- remite, en rigor, a un reclamo previo al que se habían sumado su antecesor, Celso Jaque, intendentes de todo el país y hasta el propio Daniel Scioli, tal como explicó ayer este diario. En aquella oportunidad fue la propia Nación la encargada de cerrar definitivamente la discusión, que había comenzado a incomodar a más de uno en el Palacio de Hacienda de Buenos Aires. 
 
En esa línea, precisamente, pareció ubicarse ayer Poggi. "El Fondo de la Soja que llega a las provincias y municipios, debe mantener la afectación específica a obras de infraestructura y no para gastos corrientes", subrayó. "Sería un gran error si la Nación accede a la petición de algunas provincias", completó.
Según publicó Ámbito Financiero, mientras unos buscan nuevas fuentes de sustentabilidad financiera que les permitan hacer frente a una cada vez más delicada situación salarial, otros otean el horizonte político y prefieren resguardar esos ingresos (el mes pasado se distribuyó entre los municipios vía goteo de coparticipación un total de $ 1.640 millones) para reorientar la obra pública con la mira en las elecciones a gobernador e intendente del próximo año. Una fascinación que comparten todos sin distinciones. 
 
"La infraestructura es clave para el progreso de la Nación y de cada una de las provincias y municipios", confimó el gobernador de San Luis. 
 
El Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) fue creado en 2009 por Cristina de Kirchner y tiene por objeto distribuir entre las provincias un 30% de lo que Nación recauda por retenciones a la soja. El decreto especifica que esos fondos deben ser destinados "a obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales". 
 
Pero el sostenido aumento de la recaudación por retenciones a la soja ha convertido al Fondo en un atrayente botín para las complicadas administraciones públicas. En efecto, en menos de un año la recaudación por ese concepto creció un 21,7%. 
 
Esa realidad -materializada en las dificultades de gobernadores e intendentes para hacer frente al gasto corriente- motivó confusos escenarios. Por ejemplo, en Corrientes, la administración de Ricardo Colombi denuncia que más de 30 comunas no rindieron este año el balance de la aplicación de los fondos.   
"Los usamos para pagar sueldos, no nos queda otra", admitió un intendente correntino que, sin embargo, aseguró que en el corto plazo la comuna compensará esa irregularidad con fondos propios. Es apenas un caso en un complejo escenario que amenaza con viralizarse.