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Si bien la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara) levantó este mediodía la medida de fuerza -ante la amenaza del ministerio de Trabajo de quitarle la personería jurídica-, la CGT de San Lorenzo continúa con el paro que desde ayer a las 18.00 frena las operaciones del complejo agroexportador al norte de Rosario.
 
De esta manera, están suspendidas las actividades en las 22 terminales portuarias y en los 9 amarraderos de barcazas de la zona comprendida entre Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, desde donde sale el 80% de la producción granaria del país, según publica Urgente24.com.
 
Pero, además, la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) - la entidad que agrupa en todo el país a los camioneros dedicados al traslado de la cosecha a puertos- lanzó una medida de fuerza para el próximo lunes 21 de julio, por tiempo indeterminado. Se trata de un sector que es uno de los eslabones más débiles de un complejo agroexportador que vende al exterior por 30 mil millones de dólares anuales.
 
Cabe destacar que por las intensas lluvias y crecidas, la salida de camiones ya había estado paralizada en estos días en muchas provincias, dificultando aún más el panorama.
 
Esta situación de huelgas en el sector implica un durísimo golpe para la administración de Cristina Fernández, ya que se frena la exportación en plena campaña. Si no salen exportaciones, no ingresan dólares. Y si no ingresan dólares, no se pueden pagar las importaciones. Es decir, estaríamos ante un nuevo default.
 
El Banco Central, liderado por Juan Carlos Fábrega, le había pedido a los agroexportadores que le presenten un plan de liquidaciones, el cual fue elaborado y presentado. Pero ante esta nueva situación, advierten que no van a poder cumplir con el plan, ya que no están saliendo las exportaciones.
 
El ingreso semanal, en plena cosecha, oscila entre 550 y casi 800 millones de dólares. Sin eso, la programación monetaria de Fábrega puede entrar fácilmente en colapso. Según pudo saber Urgente24, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo Carlos Tomada, bajo orden de Cristina, estarían profundizando sus esfuerzos para desactivar estos conflictos.