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El nuevo canal fluvial argentino que perjudica a Uruguay no tiene retorno
Los analistas y académicos consultados concuerdan en observar que, más que una nueva puñalada a Uruguay, la traza que busca el vecino país forma parte de un plan más ambicioso que trasciende al kirchnerismo.
Las razones que atiende Argentina son comerciales y responden a una cuestión interna, más allá de si afecta o no a Uruguay. Para Ramiro Podetti, catedrático del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Montevideo (UM), no se puede hablar de agravio respecto a los últimos movimientos argentinos.
La resolución de construir un nuevo canal de acceso al Río de la Plata, o la de restringir los transbordos de cargas argentinas, son disposiciones que atienden a intereses comerciales. Se puede discutir si Argentina está ajustándose o no a los acuerdos vigentes, e incluso si esas políticas están dentro del espíritu de entendimiento y complementación que inspiraron el Tratado del Río de la Plata, el Estatuto del Río Uruguay y otros acuerdos que involucran a los dos países, pero no considerarlos como agravios a Uruguay, señaló el académico.
Gonzalo Oleggini, director de la licenciatura en negocios internacionales e integración de la Universidad Católica, dijo que las disposiciones de Argentina se enmarcan en un plan nacional de logística que supera los límites del kirchnerismo y atañe a todos los partidos políticos. La visión a nivel político es que, relató el académico que en el pasado trabajó en comercio exterior, se pasaron años dándole de comer a Montevideo y ahora es para ellos tiempo de desarrollar un plan propio de desarrollo portuario. Es un tema de Estado que, claro está, choca contra nuestros intereses.
¿Están mal lo que hacen? No. ¿Nos matan? Sí. Está clarísimo, de principio a fin. Pero es parte de las reglas de juego de un país que antes no hacía nada (en asuntos logísticos). Se trata de una política de logística que habían desechado y ahora la van a hacer. No podemos hacer nada, aseveró. El académico manifestó que en esa línea actuaron para decretar que la carga de exportación argentina transbordase en puertos uruguayos, la reducción de los convoyes en el río Paraná que rumbean hacia Nueva Palmira y esta última idea de construir un nuevo canal en el Río de la Plata.
El nuevo trazado se ubicaría más hacia el sur y sustituiría al canal Punta Indio, traza que ambos países comparten y que une a los puertos de Montevideo y Buenos Aires. El canal que Argentina pretende construir, sobre el que se hizo el llamado a licitación, aislaría a los puertos locales, según agentes portuarios. Argentina asegura en base a un documento de noviembre de 2006 que Uruguay avala su construcción. El gobierno uruguayo rechaza esa idea.
Oleggini entiende que las 40 preguntas extendidas a Argentina por parte de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), pueden ganar tiempo para negociar, pero los argentinos no dejarán de seguir adelante en procura de su fin. Ellos dicen, discutimos, pero seguimos construyendo. Como hizo Uruguay con la planta de UPM, dijo Oleggini. Si Argentina no negocia algo que una corte ordenó (en referencia a los llamados fondos buitres), en donde hace creer a la tribuna que pone las condiciones, no va a negociar otras cosas. Uruguay no podrá obtener absolutamente nada a cambio, insistió el docente de la Universidad Católica.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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