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El Gobierno nacional busca regular el mercado de granos, es decir, regular el comercio exterior, lo cual ya está generando fuertes resistencias en el sector, donde advierten sobre las malas experiencias, con pésimos resultados, que se han vivido en el pasado con situaciones similares.
 
Según pudo confirmar Urgente24, existe una regulación -aún no oficializada- a través de la cual la Casa Rosada planifica una regulación del mercado de granos. Dicha resolución está en conocimiento del sector desde ayer, y ya ha generado muchas críticas.
 
Por un lado, cuestionan que se trata de una iniciativa que no fue consensuada ni consultada, sino que será una imposición. Aseguran que una mayor regulación se puede llevar a cabo mediante el acuerdo y no imponiendo. Recuerdan que no hay buenas experiencias en el pasado con este tipo de proyectos que se realizan a espaldas de los involucrados.
 
"Ya nos hizo desaparecer el mercado de la carne", fue una de las quejas.
 
También se habla de las suspicacias y problemas que generará la iniciativa, ya que, por ejemplo, deja afuera de la misma a los acopiadores.
 
A nivel más macro, los especialistas advierten que con esta medida a Cristina Fernández le puede salir el tiro por la culata: "el Gobierno puede obtener un resultado para nada deseado: la inmovilidad del mercado por imposibilidad de operar (lo que ya ocurrió a fines de 2001), lo que le puede provocar un daño inédito, justo en el momento que más requiere de los verdes dólares del campo".
 
Así lo cuenta Susana Merlo en su web Campo 2.0:
 
De ser cierto el rumor que comenzó a correr estos días, acerca de una nueva reglamentación que “obligaría” a que todas las transacciones con granos pasen por los mercados a término, o de futuros (Rosario y Buenos Aires), se estaría a las puertas de caer, otra vez, en un modelo de estatismo/intervencionismo que ya causó graves daños al país, tanto con el famoso IAPI de 1946, bajo la órbita del Banco Central (que centralizaba todo el comercio exterior, además de “distribuir” internamente vía subsidios, favoreciendo algunos rubros en detrimento de otros), como luego, con la nacionalización del comercio granarlo (entre otros) y el Pacto Social en el 73/76, que luego desembocó en “el rodrigazo” (por el Ministro de Economía de entonces, Celestino Rodrigo).
 
Por supuesto que no es nueva, ni secreta, la intención oficial ahora de intervenir “más activamente” en todos los mercados posibles. De hecho, lo viene haciendo intensamente (aunque con malos resultados) en el mercado de consumo interno, en los productos más masivos. Sin embargo, en este caso, se trataría del delicadísimo comercio exterior, justo en un momento de gran fragilidad oficial por la alta demanda de divisas, que se podría ver alterado por cambios abruptos en las reglas de juego.
 
Con el argumento de “dar mayor transparencia a los mercados”, y simultáneamente, hacer desaparecer los controvertidos “Precios Pizarra” que teóricamente registran los valores de la mercadería “fisica” (cuestionados desde hace más de 20 años), la resolución conjunta elaborada por la CNV (Comisión Nacional de Valores), y el Ministerio de Agricultura dispone, en solo 3 artículos, que “todas las operaciones granarias se deberán hacer en los mercados instituidos” lo que, por un lado, estaría cambiando la naturaleza del mercado  actual transformándolo en una especie de agente estatal, al tiempo que desconoce la cantidad de formas y situaciones que  ahora se dan en este tipo de operaciones, especialmente en los últimos años cuando, por distintas razones económicas, fiscales, y de restricciones impuestas desde la órbita oficial, proliferaron sistemas muy distintos a las simples ventas directas. Los canjes, la compra-venta, los intercambios, las compromisos a futuro, los warrants, etc.,  sin hablar del traslado de granos para uso propio (muy común sobre todo en maíz), son solo algunas de la múltiples formas que fueron adoptando productores y operadores, para zanjar algunas de las limitaciones que enfrentaban –enfrentan- (y que les imponían –e imponen-).
 
La pretensión de que un mercado de futuros actúe, a su vez, como mercado físico es casi imposible de implementar, y no solo por las garantías que requiere. Tanto es así que el mayor mercado del mundo, Chicago, solo tiene 1% de entrega (solo se operan contratos, papeles), mientras que aquí se pretendería que el 100% de las operaciones cobre esta forma. Por supuesto que para llegar a esto hubo responsabilidades concurrentes (no todo lo hacen los funcionarios solitos…).
 
Las legendarias diferencias de arrastre respecto a las Pizarras que, debían reflejar los precios “reales” de las transacciones con mercadería “física”, y que se remontan a mediados de los ´90 (cuando se llegaron a “intervenir” por los marcados desfases que mostraban los precios), volvieron a recrudecer hace 2 años, momento en el cual la Cámara Arbitral (responsable de las Pizarras) de la Bolsa de Rosario  modificó la forma de fijación de las cotizaciones, agregando al sistema anterior, un 10% de los precios de mercadería “Disponible” del Mercado a Término, o de Futuros. El porcentaje se amplió a 40% el año pasado, aunque la decisión fue muy cuestionada porque tampoco reflejaría la realidad de lo que ocurre realmente en la plaza granaria.
 
Así las cosas, ya este año varias grandes exportadoras decidieron “dejar el sistema”, y fijar sus propios precios, tal como ocurre con el girasol,  en Estados Unidos (el vendedor llama a cada forma y una contestadora le informa que precio paga la empresa ese día).
Una especie de “Pizarra para cada empresa”… Pero Argentina no es Estados Unidos.
 
Ante las diferencias cada vez mayores y el alejamiento de una solución concreta,  parece que algunos funcionarios se pusieron nerviosos y, al grito de “No queremos ver más las Pizarras”, habrían logrado la tan esperada luz verde para avanzar sobre el primer paso: la “concentración absoluta” de las operaciones en el Mercado a Término. Pero la cosa no terminaría ahí…
 
Mientras tanto, si bien en cualquier cambio aparecen “ganadores” y “perdedores”, a los primeros la felicidad les podría durar bastante poco, incluyendo al propio Gobierno que puede obtener un resultado para nada deseado: la inmovilidad del mercado por imposibilidad de operar (lo que ya ocurrió a fines de 2001), lo que le puede provocar un daño inédito, justo en el momento que más requiere de los verdes dólares del campo.