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Tras la polémica con Buzzi, Budassi sale a aclarar que tiene "buen diálogo" con el campo
Budassi explicó que, producto de esa tarea, “detectamos diversas inconsistencias en las declaraciones de Ingresos Brutos de los responsables de 25 mil partidas, que implican una evasión estimada de 152 millones de pesos”, según publicó el sitio eleco.com.ar.
El titular de Arba afirmó que “se trata de controles exhaustivos y precisos, ya que las imágenes satelitales se integran con otros datos, como el registro de operadores de granos y otras bases de Afip. O sea, tenemos información sobre lo que cosecharon los productores, el stock de granos que poseen y todo eso lo cruzamos con las declaraciones juradas de Ingresos Brutos y Ganancias que presentaron este año”.
El funcionario provincial sostuvo que “ese proceso posibilita detectar inconsistencias con un alto nivel de eficiencia”, y subrayó que “todo el mecanismo de fiscalización tecnológica incluido en el MESI será auditado externamente por la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), que es una institución académica de enorme prestigio”.
Por otra parte, consideró que “los controles de Arba buscan combatir la evasión en todos los rubros de la economía. Queremos que la ley se cumpla y que cada contribuyente aporte en forma equitativa, de acuerdo a su capacidad de contribución, porque esos recursos son fundamentales para que la Provincia pueda seguir invirtiendo para mejorar la seguridad y educación”.
Además, dijo que “nosotros no tenemos afán de polémica con ningún sector, de hecho mantenemos buen diálogo con las entidades rurales y hemos aportado todo lo que estuvo a nuestro alcance para eximir partidas de oficio cuando estuvieron afectadas por incendios u otras situaciones de emergencia”.
Y agregó que “a pedido de las entidades del campo y del ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, elaboramos un plan de pagos especial para deudores del Impuesto Inmobiliario Complementario”.
Por último, Budassi ratificó que “la Provincia no impulsa ningún revalúo de tierras rurales”, y explicó que para ello “sería necesaria una ley especial que autorice a Arba a modificar el valor general de la tierra, tal como ocurrió en 2012”.
En ese sentido, aclaró que “en el último tiempo se llevaron adelante correcciones puntuales que abarcaron a sólo a 1.600 partidas rurales, es decir, a menos del 0,5 por ciento de las 350 mil que existen en territorio bonaerense. A partir de esos cambios, ciertas zonas que en su momento habían sido denunciadas por estar ocupadas por lagunas o bañados, y que en la actualidad se transformaron en tierras productivas, fueron valuadas acorde a esa nueva realidad para que tributen como corresponde”.
Asimismo, el titular de Arba precisó que, “en otros casos, se bajó la valuación fiscal de campos que hoy en día presentan lagunas, pese a que esas condiciones no fueron denunciadas por sus propietarios para el cálculo del Impuesto Inmobiliario”.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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