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Este año las Pymes agropecuarias fueron excluidas del programa de crédito fiscal para capacitación de personal
La resolución 288/14 de la SePyme dispone que para la primera convocatoria anual del régimen –por un monto total de 40 millones de pesos– quedan excluidas de la mismas las empresas agrícolas, ganaderas, lecheras, contratistas rurales y forestales, entre otras actividades agropecuarias (hasta el año pasado las empresas del campo estaban incluidas en el régimen).
En los fundamentos de la resolución 288/14 incluso se menciona que “se considera adecuado promover el crecimiento y desarrollo, con las herramientas disponibles, de las regiones del Norte Grande, Patagonia, La Pampa, Cuyo y Litoral” (cuando la forestación es una de las principales actividades económicas presentes en el Litoral).
En el ámbito agropecuario existe una demanda creciente de capacitación relativa a la gestión de agroquímicos, aplicación de fitosanitarios, uso de elementos de protección personal, manejo de maquinaria agrícola y disposición de envases vacíos.
Una Pyme agropecuaria –según lo dispuesto por la normativa vigente– es aquella con ventas totales que no superen los 54 millones de pesos en el último ejercicio anual.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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