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El año 2013 está siendo de lo más movidito, sobre todo en lo que se refiere a modificaciones, reformas e implementaciones en el régimen fiscal, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Pero las reformas, lejos de consolidar un renovado sistema impositivo, se presentan como una solución provisoria o parche que remienda sólo temporalmente inconsistencias anteriores y tapa inconvenientes a futuro.
“Las últimas modificaciones no hacen más que aumentar la  presión tributaria sobre el sector productivo y las PyMes, a través de una carga expresada de manera directa, mediante el gravado de las acciones que no cotizan en bolsa, el impuesto a las transacciones financieras, o el monto sujeto a retención; o bien de manera indirecta, a través de factores tales como la inflación”, sentenció Teti.
Para el especialista, la solución no pasaría por generar una mayor presión sobre los eslabones productivos sino por implementar “una completa reforma tributaria en todos los niveles, nacional, provincial y municipal; y también en cuanto a la Ley de Coparticipación Federal, porque los platos rotos los sigue pagando el que produce”.
Teti ejemplificó sus dichos con el caso de los derechos de importación, “que no son coparticipables, por lo que la recaudación queda en manos del Estado nacional y las provincias quedan totalmente desfinanciadas. Esto genera que en cada jurisdicción se cree una gran cantidad de impuestos recesivos, indirectos, parciales, un tema que también afecta a los municipios. Desde el punto de vista fiscal, este es un país totalmente unitario y centralista”, remarcó.
Otra de las iniciativas recientes de la AFIP fue la suba del mínimo no imponible en relación al impuesto a las ganancias para el personal en relación de dependencia. Según el asesor de la Federación de Acopiadores, esta medida “conlleva una compensación en términos de un nuevo gravamen para las transferencias de acciones que no cotizaban en bolsa, cuestión tributariamente exenta hasta hace poco tiempo”.
Para Teti, esto “surge ante una demanda puntual de alta envergadura y conflictividad que lleva a decidir elevar el mínimo no imponible a los trabajadores en relación de dependencia; pero impacta contrariamente en relación con los accionistas de las empresas, porque son, en muchos casos, personas físicas. Por lo que este impuesto afecta directamente a la pequeña y mediana empresa”.
En la misma línea, el contador planteó otro inconveniente no contemplado en estas medidas y que tiene que ver con la desactualización del monto sujeto a retención para la venta de mercadería, el cual se sigue manteniendo en 12 mil pesos. 
“El único que no reconoce la existencia de inflación es el propio Estado porque aunque modifique ciertos aspectos, no modifica los montos sujetos a retención”, explicó Teti.



En el acopio

Esta suba del mínimo no imponible sobre el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia tampoco beneficiaría en nada al acopiador. “Más bien todo lo contrario, porque los accionistas de las empresas acopiadoras, las cuales normalmente no cotizan en bolsa, se verán alcanzados por el impuesto a las ganancias que grava los dividendos”.
En diálogo con Acopiadores, el especialista también se refirió a las modificaciones en el “mal enfocado monotributo. Este sistema se creó en principio para cuestiones puntuales y para valores de transacción muy bajos, pero ahora que suben los montos, va a entrar más gente al sistema y se profundizarán los problemas”.
Para Teti, las últimas modificaciones en materia tributaria “son parches que no están fundados en una estrategia ni en una política a largo plazo. Esto no debería pasar en un sistema tributario que fuera adecuado para un país como el nuestro”, destacó el especialista, al ejemplificar que “por un lado tenés inflación y por otro no cambian los montos sujetos a retención, lo que debería ser automático, como el ajuste por inflación sobre el impuesto a las ganancias. De lo contrario estamos cayendo en una especie de impuesto inflacionario”, concluyó.
 
Recuadro 1
Inmuebles rurales
 
Una recaudación de múltiple impacto
El incremento sustancial sobre la valuación fiscal de los inmuebles rurales tuvo un claro impacto en las subas del inmobiliario rural, pero también en los impuestos personales. Esto se debe a que existen “otras cargas tributarias, como la Ganancia Mínima Presunta y los Bienes Personales, que se calculan tomando como variable los inmuebles rurales y su valuación fiscal”, recordó Teti.
Al cierre de esta edición de Acopiadores, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) alertaba sobre “versiones acerca de un aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aries, que giraría en torno al 40 %”.
Según la entidad ruralista, “la posibilidad de incrementar a un 70 % la base imponible del impuesto inmobiliario rural y/o las alícuotas de cálculo (tal como lo han dejado trascender funcionarios bonaerenses) con el propósito de sanear las devastadas arcas provinciales, sólo traerá más pérdida de competitividad y caída en la productividad”, subrayó Carbap en un comunicado enviado a los medios.
Mucho más allá fue el presidente en ejercicio de Carbap, Johnny Balfour, al indicar que el gobernador Daniel Scioli “no tiene la peor idea de querer subir los impuestos, que ya hoy se tornan impagables, en lugar de intentar racionalizar y adecuar el nivel de gastos a las necesidades reales de la provincia”.
Balfour fue categórico al asegurar que “si las cuentas de la provincia no le cierran, el problema es que no escucha. Con el último cambio de valuación fiscal le terminamos pagando más dinero a la Nación que a la Provincia por bienes personales. Nosotros se lo advertimos al Señor Gobernador, pero su séquito de adulones no lo dejan escuchar y sólo se empeñan en querer pintar de naranja la difícil realidad provincial”.
 
Recuadro 2
Resolución 3419
 
Sistema electrónico de Liquidaciones Primarias de Granos
Este año, la resolución de mayor trascendencia para el sector acopiador fue la 3419, referida a la instrumentación de las Liquidaciones Primarias de Granos en forma electrónica. Una medida que dejó de lado el antiguo sistema de formularios 1116 en papel.
La normativa, que en un inicio debía entrar en vigencia el 13 de marzo pero que fuera incorporada en forma definitiva el pasado 1 de septiembre, demandó un gran esfuerzo de todos los sectores para poder adaptarse tanto en la faz administrativa como en los sistemas informáticos.
El sector acopiador respondió en forma rápida y eficiente acomodando sus estructuras para los nuevos requerimientos. En este proceso fue muy importante el diálogo mantenido entre los asesores de la Federación de Acopiadores y los técnicos y funcionarios de la AFIP y el MinAgri. Una prueba contundente de que trabajar mancomunadamente es posible.