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Los grandes fabricantes de biodiésel en la Argentina, como Cargill, Bunge, Dreyfus, Molinos y Vicentín, ven con optimismo la iniciativa del gobierno nacional de eximirlos de los impuestos a los combustibles, pero sus números siguen reclamando medidas adicionales para revertir el freno que vive esa industria, que nació en 2007 y floreció hasta 2012, cuando comenzaron los problemas.
 
Con la aprobación de la ley, que se descuenta por la mayoría de votos que conseguirá el oficialismo junto a sus aliados en la cámara Alta, comienza el impulso a la utilización del biocombustible basado en soja en la matriz de generación eléctrica de la Argentina. Al momento, solamente es obligatorio alcanzar paulatinamente un corte del 10% del gasoil para transporte. Tras la sanción de la norma se espera que, inicialmente, la reglamentación a cargo de la Secretaría de Energía ponga proa a una incorporación del biodiésel en la generación eléctrica del mismo nivel, esto es, del 10%.
 
Cuando esto suceda, el impacto real en la industria del biodiésel será escaso: pasarán a consumirse internamente unas 1,4 millones de toneladas desde las 900.000 toneladas actuales, con una capacidad de producción nacional de 4,3 millones de toneladas. Es decir que la capacidad ociosa de la industria del biodiésel se mantendrá por encima del 65 por ciento.
 
Según publicó El Cronista, hace menos de un mes, la presidenta Cristina Fernández anunció el envío del proyecto de ley para paliar el impacto de las barreras comerciales que impuso la Unión Europea al biodiésel argentino, que derivaron en la fijaciónde aranceles de importación que rondan el 25% y dejan al producto local fuera de esemercado. El nivel de consumo interno no cubrirá el excedente por el freno a las ventas al bloque europeo, por eso desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Cabio), que agrupa a las grandes empresas del sector, aseguran que son necesarias medidas adicionales. El titular de la entidad, Luis Zubizarreta, dijo a El Cronista que el sector necesita“una baja de retenciones a las exportaciones y previsibilidad”.
 
Esto incluye que la Secretaría de Energía publique a tiempo el valor mensual que fija para la tonelada de biodiésel en el mercado interno, y que las retenciones, una vez fijadas, se mantengan por un plazo de “al menos seis meses”, indicó. El organismo publicó recientemente los valores correspondientes al mes de marzo, lo que ubica a los fabricantes en una posición incierta.
 
En cuanto a las retenciones, desde 2012 son móviles. Según trascendió, el Gobierno decidió enmarzo bajarlas de 21% a 11%, pero la medida aún no fue implementada, y es algo que los exportadores esperan ansiosos para recuperar parte de la competitividad perdida. El proyecto de ley de eximición de impuestos internos al biodiésel, comenzará a ser debatido mañana en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado