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Impuestazo encubierto del Inmobiliario Rural en Buenos Aires: para hacerlo emplean un formulario creado en 1955
Recomiendan actualizar el instrumento a partir del cual se determina la capacidad contributiva.
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Fuente Imagen
valorsoja.com
En los últimos días el gobernador bonaerense Daniel Scioli incrementó –de manera encubierta– el Impuesto Inmobiliario Rural por medio de la modificación de la base imponible del tributo.
Lo hizo a través de la modificación de oficio del “valor tierra” determinado por el formulario 911 (el cual se emplea para calcular no sólo el Inmobiliario Rural, sino también otros impuestos de orden nacional como Bienes Personales).
“El formulario 911 fue creado en 1955, durante la segunda presidencia de (Juan Domingo) Perón, lo que hace que el mismo sea en la actualidad un instrumento vetusto para medir la capacidad contributiva de las explotaciones agropecuarias bonaerenses”, indicó el abogado platense Pablo Landoni.
Landoni explicó que dicho formulario, al estar completamente desactualizado con respecto a los avances registrados en las últimas décadas, genera inequidades importantes. “Campos con situaciones agronométricas y económicas similares pagan montos diferentes en concepto de Inmobiliario Rural”, apuntó.
El abogado además señaló que algunos de los ítems modificados en la reciente “Notificación de Nuevo Valor Tierra” del formulario 911 –como la salinidad y la calidad de agua del subsuelo– sólo pueden ser medidos con estudios de campo realizados in situ (jamás a partir de la interpretación de datos satelitales).
“Es necesario actualizar el instrumento a partir del cual se determina la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes. Esa es la primera cuenta pendiente que tiene el fisco bonaerense (Arba) con el sector agropecuario; luego podemos sentarnos a evaluar cuánto es lo que se debe pagar”, señaló.
“Tal como estamos en la actualidad, el Inmobiliario Rural no se determina sobre información verificable, sino sobre arbitrariedades y discusiones políticas sobre cuánto más se tiene que pagar con respecto al año anterior”, añadió.
Hasta el momento no es posible saber cuántas de las 372.000 parcelas agropecuarias presentes en la provincia de Buenos Aires recibieron la notificación de Arba (no hubo ninguna manifestación oficial al respecto).
Autoridades de Carpab enviaron una comunicación a sus asociados en la que se indica que “es necesario que el productor cuente con el formulario 911 original para poder mensurar los cambios que la pseudo inspección o fotointerpretación propone”.
“El mismo, si se hubiere extraviado o traspapelado, se puede requerir a la delegación local de Arba, al agrimensor actuante en dicha oportunidad o a cualquier agrimensor. Se obtiene copia digital del mismo”, agregó.
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Lo hizo a través de la modificación de oficio del “valor tierra” determinado por el formulario 911 (el cual se emplea para calcular no sólo el Inmobiliario Rural, sino también otros impuestos de orden nacional como Bienes Personales).
“El formulario 911 fue creado en 1955, durante la segunda presidencia de (Juan Domingo) Perón, lo que hace que el mismo sea en la actualidad un instrumento vetusto para medir la capacidad contributiva de las explotaciones agropecuarias bonaerenses”, indicó el abogado platense Pablo Landoni.
Landoni explicó que dicho formulario, al estar completamente desactualizado con respecto a los avances registrados en las últimas décadas, genera inequidades importantes. “Campos con situaciones agronométricas y económicas similares pagan montos diferentes en concepto de Inmobiliario Rural”, apuntó.
El abogado además señaló que algunos de los ítems modificados en la reciente “Notificación de Nuevo Valor Tierra” del formulario 911 –como la salinidad y la calidad de agua del subsuelo– sólo pueden ser medidos con estudios de campo realizados in situ (jamás a partir de la interpretación de datos satelitales).
“Es necesario actualizar el instrumento a partir del cual se determina la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes. Esa es la primera cuenta pendiente que tiene el fisco bonaerense (Arba) con el sector agropecuario; luego podemos sentarnos a evaluar cuánto es lo que se debe pagar”, señaló.
“Tal como estamos en la actualidad, el Inmobiliario Rural no se determina sobre información verificable, sino sobre arbitrariedades y discusiones políticas sobre cuánto más se tiene que pagar con respecto al año anterior”, añadió.
Hasta el momento no es posible saber cuántas de las 372.000 parcelas agropecuarias presentes en la provincia de Buenos Aires recibieron la notificación de Arba (no hubo ninguna manifestación oficial al respecto).
Autoridades de Carpab enviaron una comunicación a sus asociados en la que se indica que “es necesario que el productor cuente con el formulario 911 original para poder mensurar los cambios que la pseudo inspección o fotointerpretación propone”.
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