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Por Cristian Mira | La Nacion.- Diez años después de que el Estado recaudara cerca de 70.000 millones de dólares en concepto de derechos de exportación al agro los caminos rurales siguen siendo de tierra. Cuando llueve en exceso la leche no sale de los tambos y los corrales de Liniers se ven vacíos de hacienda gorda. Es como si el tiempo se hubiera detenido en los años cincuenta.
 
No sólo son las retenciones un ejemplo de pésimo uso del gasto del Estado, también lo son las tasas viales que cobran los municipios y que suelen utilizarse para otros destinos que no son el mantenimiento de los caminos rurales.
 
Hay otros ejemplos. Los fenómenos climáticos extremos -como los que se proyectan que ocurrirán en los próximos años por el crecimiento de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero- afectan el desenvolvimiento económico de las empresas agropecuarias. Hace dos años el Gobierno, tanto en boca de la Presidenta como del entonces ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, prometió el envío de un proyecto de ley para establecer un sistema de seguro agrícola. Han pasado sequías e inundaciones, y el Congreso, convertido en escribanía, dejó pasar una valiosa oportunidad para establecer una norma que acercara al país a la modernidad. El cinturón maicero de Estados Unidos tuvo hace dos campañas la peor campaña en 40 años. Los productores no se fueron a la quiebra porque tienen un sistema de seguros agrícolas eficiente. Aquí, en cambio, se apuesta únicamente al vetusto instrumento de la emergencia agropecuaria. Después de un año de inactividad el Comité de Emergencia Agropecuaria se volvió a reunir la semana anterior.
 
Hay otros ejemplos de cómo las políticas exclusivamente cortoplacistas provocan problemas. El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el cobro de retenciones a una empresa pesquera entre marzo y agosto de 2002 demostró la debilidad jurídica del andamiaje sobre el que se asientan los derechos de exportación. Según explica el integrante de GAPU Agro y consultor en políticas públicas, Andrés Domínguez, al caducar la delegación de facultades en 2010 por parte del Congreso al Ejecutivo las modificaciones que se hicieron por resolución al pago de retenciones con posterioridad a esa fecha son inconstitucionales. "En particular, lo son los aumentos de derechos de exportación de Biodiésel (agosto 2012 y posteriores), y a los alimentos balanceados (abril 2013)."
 
Según Domínguez, "las empresas exportadoras de biodiésel y alimentos balanceados que han pagado dichos derechos de exportación, pueden iniciar acciones judiciales de repetición contra el Estado, como mínimo, por el dinero pagado por el diferencial/aumento de impuestos cobrados". También podrían ser inconstitucionales el resto de las retenciones cobradas entre marzo y agosto de 2002, según el especialista.
 
¿Quién tendrá que pagar los costos de este desaguisado institucional y jurídico? Muy probablemente quien asuma la Presidencia en 2015.
 
En el medio de las consecuencias del cortoplacismo, el agro exhibe algunas señales de cambio. La decisión de Aapresid de elegir a María Beatriz Giraudo, Pilu, como presidenta de la entidad para los próximos dos años muestra que las entidades del sector comienzan a reflejar los cambios sociales. Si hay cada vez más mujeres al frente de las empresas agropecuarias ¿por qué no podrían ocupar los lugares de máxima responsabilidad en las entidades? En la actividad gremial siempre se han destacado y tuvieron participaciones clave en muchos conflictos (en el de la 125, por ejemplo), y muchas de ellas han ocupado espacios en las comisiones directivas, pero ninguna ha llegado a la presidencia. En el movimiento de autoconvocados hay varias que se destacan y tienen proyección.
 
No sería extraño que en el futuro entidades tradicionales, y al mismo tiempo diferentes, como la Federación Agraria o la Sociedad Rural, por citar dos ejemplos, sean conducidas por mujeres que hoy desarrollan actividad política y gremial. Sería un mensaje positivo del campo al resto de la sociedad..