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La AFIP interdictó 4700 tn de granos y denunció a una exportadora por contrabando
Los granos interdictados se componen mayormente de: 1.881 toneladas son de soja, 1.229 de maíz, 712 de sorgo, 406 de poroto, 354 de trigo, 85 de alpiste y 28 de garbanzo, entre otros. A su vez, el 38% corresponde al litoral del país, el 26% a Mendoza, el 18% a la provincia de Buenos Aires y el resto en zonas fronterizas.
Asimismo, en Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, se interdictaron 510 toneladas de mercadería (28 toneladas de garbanzos, 85 toneladas de alpiste y 397 toneladas de poroto negro), valuadas en $3.273.000, que eran transportadas hacia Brasil por 18 camiones de una firma exportadora. Lo llamativo del caso es que la empresa GARAVI IMPORT & EXPORT había declarado exportaciones por casi 1,5 millón de dólares durante el año 2013 pero no había liquidado divisas a través del Banco Central, como lo obliga la norma vigente. La AFIP suspendió provisoriamente la CUIT a esta firma y al despachante de Aduanas.
Además la AFIP denunció a la empresa por el posible contrabando documentado de exportación, evasión impositiva y presunto lavado de dinero. La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal de Eldorado (Misiones).
También a través de la Aduana, se cursó una notificación a la Aduana de Brasil a través de la red RILO, para que envíe información de las operaciones de importación del exportador durante el año 2013. Por esta maniobra, también la AFIP notificó al Banco Central por la falta de liquidación de divisas del año 2013.
RILO permite el intercambio de información que enlaza el trabajo de las aduanas del mundo a través de oficinas regionales presentes en todos los continentes y de la cual participa la Argentina.
La maniobra se desbarató gracias al trabajo integrado de las tres áreas operativas de la AFIP, que permite analizar la consistencia de la información que brindan los operadores comerciales granarios mediante los regímenes de información, que facilitan el seguimiento de la trazabilidad de los granos desde el productor al destino, sea un puerto, una planta de procesamiento o acopio, conociendo de antemano la capacidad económica de quienes intervienen en la operatoria comercial de granos de acuerdo a lo establecido en la RG 2300 (AFIP).
El control presencial de los agentes en las rutas, en lugares estratégicos que contempla el entramado de caminos que convergen en los puertos, permite fiscalizar en tiempo real el respaldo documental de la mercadería en tránsito, y la correcta registración de los empleados que desarrollan estas tareas. Para ello, la AFIP dispuso a más de 500 agentes en todo el país, dispuestos tanto en Zona Primaria (puertos – Aduana) y en Zona Secundaria (campos, rutas, balanzas y acopios -DGI y Seguridad Social).
Las inconsistencias detectadas en la documentación respaldatoria, como por ejemplo en las Cartas de Porte, hacen presumir el dudoso origen de las mercaderías transportadas y por ello se las interdicta. En estos casos, se decide un depositario legal para la conservación y guarda de los bienes.
Es decir, esta modalidad de control llevada a cabo en el operativo apunta a detectar la salida de cereal marginal desde su lugar de producción, considerando que es el primer eslabón en la cadena de comercialización del grano.
En resumen, los controles que se llevan adelante consisten en verificar la correcta registración de los empleados, que la producción granaria se traslade con los respectivos documentos oficiales y se comercialice conforme la ley vigente, y que los exportadores cumplan con la correcta liquidación de las divisas, abonando los derechos correspondientes.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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