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La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer un documento que resume las conclusiones del análisis sobre el debate en torno a la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Entre otras cuestiones, destacó que "generan preocupación medidas que apuntan a limitar el ejercicio del derecho de propiedad, principalmente en lo que respecta a la libertad de contratación, con el objeto manipular el acceso a la tierra disponible. No hay necesidad de entorpecer la relación jurídica contractual en sí misma, llenando una norma que debería ser simple y equilibrada, de condicionamientos que corresponden a disposiciones y políticas sectoriales de otra naturaleza, para regular la competencia entre actores de mayor y menor tamaño, protegiendo a estos últimos, existen otras herramientas tales como apoyo fiscal, crediticio, de extensión técnica y asesoramiento jurídico y contable accesible, entre otras".
 En tanto, señaló que "aquellas normas que apuntan a la excesiva regulación de la relación entre privados, tales como interferir en la determinación o renegociación del precio, son objetables y sin  excepción alguna deberían seguir siendo de carácter voluntario, quedando libradas a las convenciones de las partes involucradas".
 "Igualmente, se considera que no se hará ningún aporte útil al instituto del arriendo rural, ni se dará mejores condiciones o garantías a los arrendadores y arrendatarios, con la burocratización del sistema y creación de registros adicionales los cuales obligarán a ambas partes a incurrir en mayores gastos en tasas, tramitación y asesoramiento", siguió.
Paralelamente, la fundación expresó que "se considera también que los contratos privados de arrendamientos, así como la ley que los rige, no deben contemplar temas ajenos a su principal objetivo que es regular las relaciones entre arrendador y arrendatario. En todo caso, temas tales como el uso del suelo, del agua, el cuidado del medio ambiente, la fertilidad natural y la agregada, las técnicas de producción, la rotación de cultivos y tipos de explotación agropecuaria, entre otros, deberían ser materia de una política global y nacional de conservación".
"Finalmente, se destaca que cualquier discusión sobre la posible modificación o derogación de la vigente ley 13.246 de arrendamientos y aparcerías rurales debería darse con el tiempo y la seriedad suficiente en el debate y en el análisis de los cambios propuestos, tal como lo demanda una ley de carácter neurálgico para el funcionamiento del sistema productivo argentino", concluyó.
 
Foto: Martín G. Alzaga