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El proyecto de presupuesto 2015 de Santa Fe –que se enviará en las próximas horas a la Legislatura– prevé un ajuste en los valores de algunos impuestos. La iniciativa apunta a la armonización y adecuación tributaria con algunas de las provincias vecinas. Según pudo saber Diario UNO, tanto el Inmobiliario Rural como el Urbano tendrán un incremento del orden del 30 por ciento; cifra similar a las solicitadas por los gobiernos de Buenos Aires y Ciudad Autónoma a sus respectivas legislaturas.
 
Este año, el mínimo del Inmobiliario Urbano es de 120 pesos, es decir, 10 pesos por mes (o 20 pesos por boleta bimestral) para alrededor de 500 mil partidas en toda la provincia de Santa Fe. Con el Inmobiliario Rural pasa algo parecido, porque las 30 mil partidas más modestas tendrán que pagar 250 pesos durante los 12 meses de 2014: algo menos de 42 pesos por bimestre. Si bien aún no se conoce el proyecto oficial, habría subas diferenciadas entre las categorías de partidas.
 
Hay un dato que refleja el atraso que tiene el Inmobiliario en la provincia, y es que en la década del 90 ese impuesto representaba el 22 por ciento de la recaudación propia mientras que hoy alcanza el siete por ciento. Sin embargo, más allá de esa valoración objetiva queda claro que el gobierno quiere dar la discusión política –en una Legislatura de mayoría opositora– respecto de cómo se debe financiar el Estado.
 
En ese contexto, una fuente oficial dijo que hay elementos de la realidad que dan crédito a la propuesta que elevará el Ejecutivo a la Cámara de Senadores: en 2014, la provincia de Córdoba emitirá partidas de Inmobiliario por 1.300 millones de pesos; Entre Ríos, por 750 millones; y Santa Fe por solo 600 millones. Los retoques ayudarán a mejorar los niveles de recaudación propia pero no a achicar las asimetrías que se producen entre los valores fiscales y de mercado de las propiedades, principalmente las rurales.
 
Por caso, en las partidas del Urbano la diferencia entre las valuaciones oficiales y las de inmobiliarias llegan a ser de 15 veces, mientras que en el Inmobiliario Rural esa brecha llega a 27 veces en algunos departamentos de la provincia. No obstante, hacer un revalúo fiscal y modificar la escala de alícuotas dispararía no solo el tributo provincial sino otros impuestos federales, como Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta.
 
Esa discusión sobre los valores fiscales solo podría saldarse con una reforma tributaria, algo que por el momento no figura en la agenda del gobierno santafesino, de acuerdo a lo expresado por la fuente consultada. Por otra parte, es de recordar que el 50 por ciento de la recaudación del impuesto inmobiliario se coparticipa a municipios y comunas, o sea que todas las localidades verán incrementadas sus arcas si es que prospera este punto en la sanción del Presupuesto 2015.
 
Intimaciones a propietarios
 
La Administración Provincial de Impuestos (API), dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos, cursó intimaciones a 500 grandes propietarios rurales por diversas irregularidades en el pago del Impuesto Inmobiliario, con una deuda total que se estima en 50 millones de pesos. Se trata de inmuebles rurales pertenecientes a sociedades anónimas, explotaciones unipersonales, sociedades en comandita y sociedades de responsabilidad limitada que no pagaron el impuesto determinado al fisco provincial.
 
El secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, precisó que “los grandes propietarios de inmuebles rurales representan el 10 por ciento de las partidas emitidas y el 30 por ciento del valor total de emisión del tributo rural (que en 2014 ascendió a 600 millones de pesos)”. A su vez, “muchos de los casos que resultaron intimados por no pagar sus tributos al fisco santafesino corresponden a contribuyentes que residen en la ciudad de Buenos Aires”.
 
“Muchos de ellos llamaron para preguntar cuánto debían, se les contestó y priorizaron el no pago, antes que regularizar una deuda legítima. Son contribuyentes que quieren servicios del Estado, que igual se les otorgan y que no cumplen sus obligaciones”, enfatizó Beccari, por lo que agregó: “La API llegará hasta las últimas consecuencias, incluso en los casos en que detectemos maniobras de elusión manifiestas o engaño al fisco. Sin dudar, aplicaremos la ley penal tributaria”, anticipó el funcionario.
 
En cuanto a los casos particulares, Beccari indicó que “el caso más impactante es el de una Sociedad Anónima con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en propiedad de 2.000 hectáreas en la zona de Luis Palacios, departamento San Lorenzo, que adeuda cerca de dos millones de pesos al fisco santafesino. Esta misma sociedad, acumula 67.000 hectáreas en las mejores zonas agrícolas y ganaderas del país, ya que posee inmuebles en Corrientes, Formosa, San Luís y Chaco”, detalló.
 
Sobre los pasos administrativos a seguir por el Estado, en los casos en que los contribuyentes intimados no paguen sus deudas al fisco, Beccari explicó que se les realizará un embargo preventivo y luego se iniciará un juicio de apremio. De esa manera, el Ministerio de Economía pretende recuperar alrededor de 50 millones de pesos adeudados.