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Los 13 acreedores argentinos agrupados bajo el nombre de "Pablo Varela", que ganaron el caso del pari passu contra la Argentina en 2014, le pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no le permita al juez Thomas Griesa levantar la medida cautelar que le permitiría al país volver a pagarle a los bonistas que entraron a los canjes y reintegrarse al mercado de capitales.
 
Así lo indicó el abogado de estos 13 bonistas que siguen en default y que tienen US$ 1.125.000 en bonos sin cobrar, al cuestionar la "oferta unilateral" del Gobierno. Ellos accionaron en contra del Estado en el caso de NML, Aurelius y otros fondos buitre, que el Estado perdió en forma definitiva en 2014 en Estados Unidos.
 
El letrado, Michael Spencer, señaló en una carta a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que "el afán del juez de primera instancia para eliminar la medida cautelar va en contra de la ley".
 
Luego de que Griesa indicara el viernes pasado que estaba dispuesto a levantar la "injunction" si el Gobierno lograba levantar la ley cerrojo y acordaba el pago con los bonistas que aceptaran la oferta argentina hasta fin de mes, los minoristas argentinos rechazaron esta alternativa. Tal como indicó LA NACION anteayer, estos acreedores consideran que la propuesta del Gobierno es injusta dado el precio al que compraron los bonos antes de que el país cayera en default a fines del 2001.
 
Como el juez elogió el viernes el cambio de estrategia del país luego de que asumiera el presidente Mauricio Macri, el abogado señaló que "el optimismo de la corte de distrito no se corresponde con lo que actualmente ocurre".
 
"Como consejero del mayor grupo de bonistas individuales, traté repetidamente en las últimas semanas de comprometerme directamente en la mesa que buscaba el acuerdo, pero fui excluido de la meda de negociaciones por el Special Master (Dan Pollack", se quejó Spencer.
 
Más allá de la cuestión de forma, el letrado indicó que "ninguna de las circunstancias que garanticen un alivio equitativo han cambiado, salvo que se conoce el monto de la oferta que está bajo consideración".
 
Spencer acusó a Pollack de querer focalizar la negociación "con los fondos de inversión más grandes", de modo de "obligar a muchos otros bonistas en default a aceptar la oferta unilateral de la Argentina antes de que expire el plazo del 29 de febrero".
 
Por estas razones, le pidió al tribunal de segunda instancia que le aclare a Griesa que no tiene jurisdicción para levantar las sanciones a la Argentina.
 
Se esperan otros escritos cruzados antes de que el magistrado tome una decisión, que, por lo visto, seguramente será apelada por los bonistas que no aceptarían el plan del Gobierno.