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Confiscación
Advierten que el campo sería el primer blanco para aplicar la ley de abastecimiento
Los ruralistas alertaron sobre un intento de confiscación de los granos aún sin vender.
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Martín G. Alzaga
Las entidades agropecuarias temen que –si logra la aprobación de una nueva ley de abastecimiento–, el Gobierno intente “decomisar” la mitad de la cosecha de soja que los productores guardan en sus campos a la espera de mejores precios.
Son unas 27 millones de toneladas valuadas en más de 10.000 millones de dólares. Una decisión de la AFIP, que reclamó saber el lugar exacto donde están los silo-bolsas, alimentó esa desconfianza.
Palabras como “confiscación” o “Venezuela” pasaron a poblar el discurso de los dirigentes de la Mesa de Enlace en las últimas horas. Hasta ahora, el sector se había pronunciado en contra de la ley de abastecimiento que impulsa el kirchnerismo en los mismos términos que el resto del empresariado.
Pero la AFIP encendió una luz de alerta más potente cuando comenzó a exigir a los productores que declaren la posición gerorreferenciada de sus depósitos de soja y otros granos, tal como adelantó Clarín el martes en exclusiva. Con ese dato y un modesto GPS no hay poroto que pueda escaparse.
“Alarman todas las señales que está dando el kirchnerismo. Por un lado, por este nuevo requisito que implica dar a conocer la geolocalización de los granos y la compra de silo-bolsas; y por otro, por la inminente aprobación en el Congreso de la ley de abastecimiento que le otorga al Ejecutivo un poder discrecional para avanzar sobre quienes considere, cuando quiera”, indicó ayer la Federación Agraria.
Según publicó Clarín, la entidad que preside Eduardo Buzzi manifestó que “nos cuesta creer que esta conjunción persecutoria sea inocente”. Y sugirió que el Gobierno “parece querer avanzar en la confiscación física, porque si no para qué piden la ubicación de los granos y por qué están dotando al Secretario de Comercio (Augusto Costa) de estos superpoderes por encima de la Justicia?”.
La Sociedad Rural, que junto a otras entidades empresarias del Grupo de los 6 amenazó recurrir a la Justicia, también criticó la nueva exigencia de AFIP justo cuando el proyecto de ley de abastecimiento, pretende “exacerbar el autoritarismo y quitar los límites para que el Gobierno pueda profundizar su poder de confiscación”. También pidió a los legisladores “poner un freno” a “un modelo que va camino a replicar todas las medidas que agudizaron la inflación, la escasez y la recesión en Venezuela”.
El retraso en la venta de soja no puede explicarse en factores políticos.
Los precios en dólares del grano han bajado mucho en las últimas semanas y, aunque hay pocos indicios de una recuperación, se preanuncia en el horizonte una nueva devaluación semejante a la de enero, que podría incrementar los ingresos en pesos que recibirían los chacareros
Son unas 27 millones de toneladas valuadas en más de 10.000 millones de dólares. Una decisión de la AFIP, que reclamó saber el lugar exacto donde están los silo-bolsas, alimentó esa desconfianza.
Palabras como “confiscación” o “Venezuela” pasaron a poblar el discurso de los dirigentes de la Mesa de Enlace en las últimas horas. Hasta ahora, el sector se había pronunciado en contra de la ley de abastecimiento que impulsa el kirchnerismo en los mismos términos que el resto del empresariado.
Pero la AFIP encendió una luz de alerta más potente cuando comenzó a exigir a los productores que declaren la posición gerorreferenciada de sus depósitos de soja y otros granos, tal como adelantó Clarín el martes en exclusiva. Con ese dato y un modesto GPS no hay poroto que pueda escaparse.
“Alarman todas las señales que está dando el kirchnerismo. Por un lado, por este nuevo requisito que implica dar a conocer la geolocalización de los granos y la compra de silo-bolsas; y por otro, por la inminente aprobación en el Congreso de la ley de abastecimiento que le otorga al Ejecutivo un poder discrecional para avanzar sobre quienes considere, cuando quiera”, indicó ayer la Federación Agraria.
Según publicó Clarín, la entidad que preside Eduardo Buzzi manifestó que “nos cuesta creer que esta conjunción persecutoria sea inocente”. Y sugirió que el Gobierno “parece querer avanzar en la confiscación física, porque si no para qué piden la ubicación de los granos y por qué están dotando al Secretario de Comercio (Augusto Costa) de estos superpoderes por encima de la Justicia?”.
La Sociedad Rural, que junto a otras entidades empresarias del Grupo de los 6 amenazó recurrir a la Justicia, también criticó la nueva exigencia de AFIP justo cuando el proyecto de ley de abastecimiento, pretende “exacerbar el autoritarismo y quitar los límites para que el Gobierno pueda profundizar su poder de confiscación”. También pidió a los legisladores “poner un freno” a “un modelo que va camino a replicar todas las medidas que agudizaron la inflación, la escasez y la recesión en Venezuela”.
El retraso en la venta de soja no puede explicarse en factores políticos.
Los precios en dólares del grano han bajado mucho en las últimas semanas y, aunque hay pocos indicios de una recuperación, se preanuncia en el horizonte una nueva devaluación semejante a la de enero, que podría incrementar los ingresos en pesos que recibirían los chacareros
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