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Qué consecuencias tiene el fallo para Argentina
Antes de que comenzara el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el juez Thomas Griesa emitió un fallo por el que la Argentina deberá pagarles a los holdouts –incluso a los fondos buitres– todo lo que se les debe, unos u$s1.330 millones. Y no sólo determinó la suma, sino también la fecha límite: el 15 de diciembre.
Para los economistas consultados por Infobae, se trata de una decisión sorpresiva de un juez que está "irritado" y "desgastado". “No es casual que se haya elegido ese día, pues el 15 de diciembre se deben abonar u$s3.500 millones por el cupón atado al PBI. Si nada cambia, y la Argentina desoye el fallo del juez, Griesa podría embargar el dinero y el país entraría en default técnico”, dice José Luis Espert, director de Espert & Asociados.
Si la Argentina entra en default técnico, el economista asegura que se “derrumbará el precio de los bonos y esto puede afectar a los patrimonios de los bancos argentinos. Además, el Riesgo País seguirá subiendo”.
Para el economista Eduardo Levy Yeyati, el fallo es un intento de “dar un escarmiento” a la Argentina. “La opción natural de reabrir el canje y equiparar a los holdouts con el resto de los bonistas nunca estuvo en la cabeza de Griesa, aunque el Gobierno tampoco la ofreció. Y no ayudó que asegurara públicamente que no iban a pagar un peso”, destaca el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
En este sentido, Yeyati dice que el Gobierno deberá decidir si hace el pago por adelantado como ordena Griesa, lo que es improbable, o avanza con el plan B: “Rerrutear los pagos fuera de Nueva York, lo que no necesariamente implica un default técnico”.
Maximiliano Castillo Carrillo, director de ACM y ex gerente de Análisis Macroeconómico del BCRA (2005-2009), opina que el fallo es “uno de los peores escenarios que se podían abrir para el país. Hay que esperar a ver cuál será la reacción de Argentina”. Y coincide con Yeyati: “La Argentina debería haber dejado abierta la posibilidad del canje”.
La decisión de un “juez irritado”. Así describe Guillermo Carracedo, ex CEO de Bunge y Born, el fallo que emitió Griesa esta madrugada. “Es un fallo inesperado”, asegura. Y agrega: “Se está desestimando el pari passu. Si un juez le ofrece que pueda salir en las mismas condiciones que han salido el resto de los acreedores, a la Argentina le hubiera venido bien, porque ya se olvida de este tema. Ahora está en una situación incómoda”.
El fallo del 26 de octubre ratificó la teoría del “pari passu” impulsada por Griesa y que implica que aquellos bonistas que no entraron al canje deben recibir igual tratamiento que los que aceptaron las ofertas, tanto en 2005 como en 2010.
“El pari passu hubiera sido que los holdouts tienen derecho a recibir el mismo flujo de pagos que los que ingresaron al canje; eso hubiera sido una buena noticia”, dice Sergio Massia, economista de Ecolatina, para quien la decisión de Griesa se basó en torno al “desgaste y cansancio”.
Más allá de la posibilidad de entrar en default técnico en el corto plazo, Massia considera que “el mercado de cambios va a estar más apretado de lo que está”. Si el Gobierno decidiera hacer el pago, Massia dice que “las reservas están, el dinero está”, pero no cree que se tome esta decisión.
Aún se desconocen cuáles serán los próximos pasos que dará el Gobierno. Por el momento, puede apelar, y la Cámara de Apelaciones tiene que confirmar o no la fórmula de Griesa. Si la Cámara confirma el fallo, la Argentina puede apelar a la Corte Suprema.
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) presentó un escrito ante Griesa la semana pasada, y reclamó que una eventual cancelación a fondos buitre no perjudicara al resto del sistema de pagos de los bonos argentinos. “Hay que ver cómo termina jugando el gobierno de EEUU si el caso llega a la Corte Suprema”, dice Massia.
Foto: Infobae.com
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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