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Axel Kicillof les prometió a los empresarios del sector eléctrico que el Gobierno Nacional no avanzaría en la expropiación de sus empresas. Lo hizo el viernes 24/8, cuando el hombre fuerte de Economía los recibió para conversar sobre el profundo déficit que afrontan, derivado principalmente del congelamiento de las tarifas, y que deja a las empresas al borde del default, sin posibilidad de inyectar mayores inversiones.

En cambio, Kicillof les informó que se constituirá una comisión que seguirá a las empresas y estudiará sus costos para determinar una ganancia "razonable". Además, dicha comisión también les exigiría planes de inversión. Algo similar con lo que ocurre en el sector de los hidrocarburos, lo que quedó fijado por el decreto 1.277.

En las horas previas a la cumbre las versiones sobre la "estatización" de las empresas de transporte y distribución circularon con fuerza. Aunque, de acuerdo a las crónicas sobre el encuentro, Kicillof habría intentado despejar ese fantasma, el que ronda desde la toma del 51% de las acciones de YPF por parte del Estado.

Sin embargo,  trancurrido casi una semana de aquella reunión los rumores de "estatización" volvieron al ruedo. La mira estaría puesta en las distribuidoras bajo jurisdicción nacional, Edenor y Edesur, cuyas expropiaciones podrían producirse a comienzos del próximo año. De acuerdo, a la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno, con Kicillof a la cabeza, provocaría la toma del control de las compañías eléctricas en enero de 2013.

No parece una fecha inocente. En enero, cuando el calor se vuelve acuciante, se producen picos de consumo que por lo general derivan en interrupciones del suministro. No sería descabellado pensar que en medio del malestar de los usuarios, el Gobierno aparezca como el héroe de la jornada haciéndose cargo de las compañías.

Urgente24 señaló que hay varios indicios que advierten sobre la posible jugada del Gobierno. Las advertencias de  la cámara que agrupa a los fabricantes de equipos eléctricos en abril sobre la baja en la venta de insumos por la caída de inversiones por parte de las distribuidoras abonaban el terreno para las suspicacias.

Pero el signo mayor se podría encontrar en el repentino enfrentamiento que el Gobierno Nacional desató contra Marcelo Mindlin, del grupo Pampa Energía, controlante de Edenor. Luego del arribo de La Cámpora al ENRE, el ente regulador eléctrico, abundaron las denuncias contra el grupo,  por el "vaciamiento" de la distribuidora y por presuntas irregularidades en la adquisición de otras eléctricas.

En el caso de Edesur, el Gobierno ya entró en la compañía en julio, cuando designó a un "veedor" que tomó su control administrativo. La decisión fue tomada luego de que la distribuidora abonara a Cammesa unos cuantos millones menos por la energía que le suministra.

Cammesa, que fuera un bastión del ministro de Planificación, Julio De Vido, también recayó bajo el control de Kicillof, que pusó allí a  los camporistas Juan Manuel Abud y Paula Español.

Edesur corre con la desventaja de pertenecer a capitales extranjeros, lo que le facilita al cristinismo agitar la bandera del nacionalismo. Sucedió con YPF, cuando Cristina Fernández culpó de todos los males, no a la privatización de la petrolera, que ella impulsó en los 90,  sino a la "desnacionalización" de la misma.

Aprovechando la delicada situación financiera de las compañías, la recuperación de las distribuidoras que componían la vieja Segba le vendría más que bien al cristinismo para ganar algunas simpatías en el año electoral, donde se jugará a todo o nada por conseguir los números necesarios para impulsar la re-reeleción de la Presidente a través de una reforma constitucional.