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Debido a que los industriales de la Comisión Europea denunciaron que los precios del biodiesel les causaron graves problemas al sector, se iniciará una investigación antidumping sobre las importaciones de biodiesel argentino.

En el reclamo -presentado por la European Biodiesel Board (Ebb) que opera por cuenta de empresarios que representan más del 25% de la producción total de la UE-  se destaca que el volumen y los precios de las importaciones del producto argentinos tuvieron repercusiones negativas en el nivel de precios y sobre la cuota de mercado de la industria europea del sector, con graves efectos negativos sobre su situación financiera.

La investigación deberá determinar si el biodiesel originario de Argentina e Indonesia es objeto de dumping y si las importaciones provocaron un perjuicio a la industria de la UE.

El dumping es una práctica desleal del comercio internacional que consiste en que un producto sea introducido en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor en el país de origen, en el curso de operaciones comerciales normales.

Con esta nueva investigación, el conflicto por el biodiesel argentino suma otro capítulo luego de que el pasado mes de abril España dispuso la prohibición de importaciones de biodiesel extracomunitario, lo que generó una queja formal de la Argentina contra el gobierno ibérico ante la OMC.

A su vez la medida del Gobierno español había sido la primera represalia en respuesta a la decisión del Gobierno de Cristina de Kirchner de expropiar el 51 por ciento de la petrolera YPF, filial de Repsol.

En tanto, en los últimos días Estados Unidos, Japón y México presentaron demandas contra las regulaciones establecidas por el Gobierno local, que obligan a la aprobación previa de casi todas las compras en el extranjero, las que califica de una violación a las normas de la OMC.

Además, la semana pasada, Argentina notificó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la petición del establecimiento de consultas con la Unión Europea (UE) y España en relación con las restricciones impuestas por este país a la importación de biodiésel argentino.

La solicitud se formalizó en una carta remitida a la OMC por el representante permanente de Argentina ante este organismo, el embajador Alberto D'Alotto, en la que expone que la normativa aprobada en España en abril pasado sobre importación de biodiésel es discriminatoria, según fuentes diplomáticas informarón a EFE.

La normativa es una orden ministerial que regula la asignación de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes y que establece que para el mismo solo podrá tenerse en cuenta el biodiésel producido enteramente en plantas ubicadas en España o el resto de la UE.

El embajador argentino expuso ante la OMC que esta normativa y su aplicación "impondrán una discriminación entre el producto de origen europeo y el de otros orígenes, que implicaría de hecho una prohibición a la importación de biodiésel extracomunitario".

Esto dejaría al producto argentino, según los representantes del país, "totalmente fuera del mercado".

"Argentina entiende que la orden ministerial española infringe las obligaciones de este país (España) y de la Unión Europea contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1994", argumentó el embajador D'Alotto.

La medida española, agregó, es además "inconsistente" con el Acuerdo sobre Medidas de Inversión del Comercio (MIC).

El representante argentino subrayó que su país está desarrollando desde 2007 uno de los sectores de producción de biodiésel más eficientes del mundo, consolidándose como primer exportador mundial.

Según sus datos, la UE es el mercado exportador más importante y España el principal comprador de ese mercado.

En 2011, las exportaciones argentinas de este producto alcanzaron los 2.100 millones de dólares, de los cuales 1.900 millones provinieron de la UE y más de 1.000 millones de España.

La petición de consultas por parte de Argentina se enmarca en la tensión comercial existente entre Buenos Aires y los países europeos -especialmente España- que han acusado reiteradamente al Gobierno de Argentina de promover políticas proteccionistas.

El pasado 25 de mayo, Bruselas denunció ante la OMC esas restricciones, en una medida que se estudiaba desde hacía tiempo y que se aceleró tras la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de nacionalizar la petrolera YPF.

Foto: INTA