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El Gobierno se quedará en 2013 con 75% de la renta que genera la soja
Si se elevan al 40% los derechos de exportación, 13,5 millones de hectáreas irán sólo a pagar el impuesto. Ganancias y el Inmobiliario Rural suman presión.
Por JULIETA CAMANDONE
Cuando se coseche la soja que se planea producir en 2013, el Estado nacional se quedará con los ingresos de los productores de más del 70% del territorio cultivado con ese grano en el país si prospera el proyecto que analiza el Gobierno de aumentar a 40% las retenciones a la oleaginosa estrella nacional.
Las proyecciones al momento dan cuenta de una superficie cultivada con soja mayor a la de a última campaña, que alcanzará las 19 millones de hectáreas. En paralelo, un clima más benigno anticipado para el ciclo que comienza con la siembra a partir de septiembre arroja rendimientos promedio de 2,8 toneladas para el ciclo 2012/13. Es decir que en mayo del próximo año, el país contará con una cosecha aproximada de 53,2 millones de toneladas, valuadas en u$s 27.823 millones, de no mediar grandes sorpresas que cambien la intención de siembra de los productores o arruinen sus rendimientos.
Si aumenta la carga fiscal a los productores sojeros subiendo 5 puntos a la actual alícuota de retenciones, el Estado podría recaudar u$s 11.129 millones por ese concepto, si se tiene en cuenta que el valor FOB para mayo de 2013 es de u$s 523 por tonelada. Este valor es menor al récord actual y es el que el Estado utiliza para descontar retenciones.
Descontando al valor FOB las retenciones y los costos comerciales, resulta el FAS Teórico, que implica la capacidad de pago de la industria, que según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) es de u$s 295,80 por tonelada para mayo de 2013. Esto es, efectivamente, lo que recibirá el productor por tonelada, es decir que alcanzará ingresos promedio por hectárea de u$s 828.
Para pagar el monto de las retenciones, los productores necesitarán cosechar casi 13,5 millones de hectáreas, es decir, el 70% del total que planean sembrar, según estimó el ex presidente de Cartez, Néstor Roulet.
Una presión en alza
Otra carga impositiva que pesa sobre el campo es la de Ganancias. Sumado este impuesto a una suba de retenciones al 40% haría que el campo pagará casi 80% de impuestos para producir soja en la Argentina.
Según el Ieral, de la Fundación Mediterránea, un aumento de costos de estructura, personal, movilidad e insumos impactará sobre las ganancias de la empresa agropecuaria el próximo año,
lo que hay que agregarle la baja del valor de la soja. En Chicago, por caso, la posición mayo 2013 cerró el viernes en u$s 535, 27, mientras que la posición más cercana se cotizó por encima de los u$s 608 por tonelada.
Manteniéndose la situación actual de retenciones, una empresa agropecuaria enfrentará en su cosecha de 2013 el pago de impuesto a las Ganancias y Derechos de Exportación por 75% de sus excedentes.
Y si el Gobierno nacional decide subir la alícuota al 40%, la presión alcanzará el 79,6% del ingreso.
De no haber evasión, esto implica una sobretasa de unos 45 puntos porcentuales respecto de los impuestos pagados por empresas de otros sectores.
Esta carga tributaria está calculada sobre una explotación mediana, de 500 hectáreas, sobre campo propio en zonas de buena producción agrícola de Santa Fe y Córdoba. El impacto, al mismo tiempo, está calculado sobre la soja, pese a que los campos hacen más de un cultivo por año.
Peor en Buenos Aires
Al descuento por Derechos de Exportación y el pago de Ganancias se suma, en la provincia de Buenos Aires, el revalúo de los campos, que va a generar erogaciones adicionales por u$s 615 millones entre los productores provinciales, contando el impacto en Bienes Personales y Ganancias, según datos del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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