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Pocos días después del masivo acto en la Plaza de Mayo, el Gobierno quitó a la obra social del Sindicato de Camioneros, conducido por el jefe de la CGT, Hugo Moyano, el monopolio de los exámenes psicofísicos necesarios para obtener la licencia nacional habilitante para conducir vehículos de carga, que le aseguraban un ingreso anual de más de 100 millones de pesos.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, fue adoptada así a menos de una semana de la movilización moyanista a Plaza de Mayo, en protesta por la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y los topes para cobrar las asignaciones familiares.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a través de la resolución 2499/03, había otorgado la licitación de parte de los exámenes psicofísicos para la obtención de esos registros a la obra social de Camioneros (OSCHOCA) tres meses después de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

También, a la Obra Social de Conductores y Personal de Transporte Automotor de Cargas, del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SUFRA). En 2007, cuando se estrechó al máximo la sociedad política entre el fallecido ex primer mandatario y el jefe sindical, OSCHOCA se quedó con el monopolio del servicio.

Hoy, con la resolución 32/2012, firmada por al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el Gobierno dejó "sin efecto el Régimen de Compensación de Aranceles (RCA) de la Evaluación Psicofísica de Conductores Profesionales de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas Generales y Peligrosas". Anuló además "la Formación Profesional de los Conductores de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas Generales de Jurisdicción Nacional", que también estaba a cargo del Sindicato de Camioneros.

La disposición estableció que, sin intermediación del gremio encabezado por Moyano, ambos servicios "deberán ser abonados por el (empresario) transportista", con la imposibilidad de "trasladar el costo al conductor" del vehículo de carga.

La resolución argumentó que la medida fue tomada "en el marco de las políticas adoptadas por el Estado nacional tendientes a redefinir la conveniencia actual de los beneficios otorgados a diversos sectores de la economía".

Agregó que, al ingreso obtenido por el otorgamiento de las licencias, "resulta conveniente redireccionarlo a otras acciones, en miras de favorecer aspectos vinculados a la transformación del sistema de transporte de cargas por automotor de jurisdicción nacional".

Foto: Presidencia de la Nación