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Por ROBERTO MOLINA

La intención del gobernador bonaerense Daniel Scioli, de gravar a las cooperativas con el impuesto  sobre los Ingresos Brutos, se convirtió en una nueva frustración, luego de haber fracasado en  un intento similar a fines del 2011. Pero en esta última oportunidad, la espada de Damocles amenazaba a los 500.000 empleados bonaerenses: si la reforma tributaria no salía, se presentarían serias dificultades para el cobro de sus haberes… Y este era un motivo valedero para que el mandatario amplificara su voracidad fiscal.

El cooperativismo estaba en la mira. Tal vez no en la de Scioli, sino en la de la ministra de Economía, Silvina Batakis, secundada por  Martín Di Bella, titular de ARBA. La Batakis le expresaba a quien quisiera escucharla que su objetivo era gravar a la Cooperativa Obrera, ya que ella compró el argumento de los eternos detractores del cooperativismo, que utilizan como caballito de batalla la “competencia desleal”, tal como lo hicieron las empresas cableras para que las cooperativas no  fueran autorizadas a prestar el servicio de televisión por cable…

El primer intento de Scioli fue a fines de octubre del año pasado, en ocasión del envío del presupuesto y la reforma impositiva a la Legislatura, ingresando como es costumbre por Diputados.  El proyecto incluía la derogación de la no sujeción del acto cooperativo, su transformación en una exención y se dejaba fuera de ésta a las cooperativas de ventas al por menor.

La ofensiva oficial contra la Cooperativa Obrera tomó cuerpo a partir del momento en que la entidad de Bahía Blanca se asentó en Mar del Plata. Por extraña coincidencia, el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), el marplatense Raúl Lamacchia,  inició una insidiosa campaña de lobby que terminó “prendiendo” en los funcionarios bonaerenses preocupados por la desesperante situación financiera de la provincia.

En ese momento, la decidida y persistente acción de Cooperar y Coninagro, durante cuatro semanas, pudo frenar la intentona. El gobierno necesitaba los dos tercios de las Cámaras para aprobar el endeudamiento incluido en la ley de presupuesto y una parte de la oposición jugó un papel fundamental porque puso como moneda de cambio no tocar a las cooperativas.  Si bien fueron muchos los legisladores que apoyaron, especialmente los de la sexta sección electoral, el rol fundamental lo tuvo la gente del FAP, a través de las gestiones del entonces jefe de bloque en diputados y hoy senador nacional Jaime Linares y del senador José María Zingoni.

 La ambición de Batakis

Un elemento a tomar en cuenta es que Cooperar y Coninagro plantearon en todo momento que se trataba de una medida anticonstitucional,  porque el artículo 41 de la Constitución Provincial le otorga a las cooperativas un tratamiento tributario acorde a su naturaleza y en función de esa manda constitucional la Legislatura votó por unanimidad, en el 2005,  la ley 13.360 que deja al margen de Ingresos Brutos al acto cooperativo.

Ese traspié no fue motivo para que la ministra Batakis abandonara su objetivo de gravar a las cooperativas. 

En abril último, el gobierno provincial ingresó una nueva reforma impositiva, presentada junto a un pedido de mayor endeudamiento. Este proyecto tuvo dos aspectos para destacar: a) Que en lugar de presentarlo en Diputados, entró por el Senado, una cámara que domina el sector de Provincia afín al Gobierno Nacional (con Gabriel Mariotto a la cabeza). Era lógico, existía un pacto porque el aumento de la valuación fiscal de los campos beneficiaba cinco veces más a la Nación que a la Provincia (vía Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta);

b) Que la Ministra Batakis creyó encontrar un atajo a la crítica de anticonstitucionalidad, estableciendo una rebaja del 30 % para las cooperativas de venta al por menor, que eran las únicas que en un principio querían gravarse, previa transformación de la no sujeción del acto cooperativo en una simple exención.

Nuevamente, Cooperar y Coninagro volvieron a manifestarse y a realizar febriles gestiones,  que en el Senado no tuvieron éxito, ya que aducían  un compromiso  de votar el proyecto sin tocarle una coma. Sin embargo en el Senado se le hicieron algunos cambios relacionados con mejorar la situación de los municipios.

 El campo, gravitante

Cuando el proyecto pasó con media sanción a Diputados, descubrieron que en el reglamento de la Cámara (a diferencia de Senadores) existe un artículo que requiere los 2/3 en la votación en general de todo proyecto que contenga algún artículo (el del endeudamiento, en este caso) que exija la aprobación por 2/3. Esto trajo un impasse porque el oficialismo, aún con los votos de Nuevo Encuentro, llegaba a 46 e incluso le faltaba un diputado para  comenzar la sesión (el quórum lo hacen 47 diputados sobre el total de 92).

En honor a la verdad, debe reconocerse que la renuencia de gran parte de la oposición,  no estaba dada por la problemática de las cooperativas, sino por la cuestión del campo.  En un momento dado la situación pareció destrabarse cuando el FAP  le propuso a Scioli repartir el aumento de la valuación fiscal en 5 ejercicios y eliminar los artículos contra las cooperativas. Pero allí apareció el Gobierno Nacional y le recordó a Scioli que él tenía facultades (se la otorgaron en la reforma de noviembre) para dictar por decreto la valuación fiscal. Así lo hizo y sólo quedaba el tema cooperativas.

Mientras tanto, el cooperativismo había  logrado que los diputados de Nuevo Encuentro,  que votarían con el oficialismo,  no lo acompañarían en el tema cooperativas.  Muchos  integrantes de este agrupamiento político tienen una estrecha relación con el PC y  por lo tanto resultó vital que el IMFC y el Banco Credicoop,  tomaran conocimiento de las declaraciones de la Ministra Batakis, en el sentido de que a fin de año iban a quedar eliminadas todas las exenciones en Ingresos Brutos. Esto tuvo incidencia  sobre la posición de la bancada de NE.

En consecuencia, si ellos no hacían fuerza para mantener la no sujeción y evitar que ésta se transformara en simple exención, en poco tiempo  también lo iban a sufrir en carne propia. Cabe aclarar que la principal asesora del jefe del bloque de Nuevo Encuentro es  integrante del consejo de administración de ambas entidades (IMFC y Credicoop).

El oficialismo se convenció entonces que el tema cooperativas lo perdían, porque el resto de la oposición votaba en contra todos los artículos de la reforma impositiva (excepto el endeudamiento). O sea que le quedaba 43 votos sobre 92. Además la gente del Chino Navarro (Movimiento Evita), los diputados de la Cámpora y hasta Alicia Sánchez,  esposa de Luis D'Elía, ya habían elaborado un proyecto para volver las cooperativas a la situación anterior, si es que por "obediencia debida" tenían que votar el texto tal como había sido aprobado por el Senado.

Fue allí donde el  Ejecutivo bonaerense accedió a quitar el tema cooperativas, que en definitiva representaba apenas un 2 % del producido de la reforma, a efectos de poder lograr la  aprobación de  la ley antes que finalizara mayo (Diputados se reunió el 31 a partir del mediodía y el Senado a continuación).

Lo cierto fue que, con mucho trabajo y desgaste, el cooperativismo logró salir ileso en las dos embestidas del gobierno provincial. El año pasado, ayudado por el impacto de la anticonstitucionalidad. Y en el intento de este año, porque la cuestión del campo fue fundamental para trabar el proyecto en Diputados.

No obstante, atendiendo a la difícil situación financiera de la Provincia, el cooperativismo bonaerense en su conjunto analiza en estos días, junto a los funcionarios de la Secretaría de Participación Ciudadana, de qué manera puede contribuir a paliar los problemas que afronta la gobernación Scioli, en la medida que ésta respete la naturaleza específica del acto cooperativo, tal como lo reconocen expresamente tanto la propia Carta Magna provincial, en su artículo 41, como la jurisprudencia del máximo tribunal de justicia.

Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires.