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Ezequiel Tambornini
 
El gobierno hace años que viene cobrando retenciones anticipadas. Y ahora comenzó a cobrar también liquidaciones agrícolas por adelantado. Pero para un sector del kirchnerismo esa súper intervención no es suficiente.
 
Veamos. A partir de 2008 la mayor parte de los embarques de productos del complejo oleaginoso y cerealero deben pagar retenciones por anticipado (resolución 543/08). Una vez autorizada la exportación, por medio de la emisión del ROE, el exportador tiene un plazo de hasta una semana para pagar los derechos de exportación correspondientes (aunque los ingresos de divisas provenientes de esa operación se efectivicen varios meses después).
 
Entre el momento de la compra de granos al productor y el cobro de la mercadería pueden pasar muchos meses. Para cubrir ese bache financiero es práctica usual que entidades bancarias internacionales brinden financiamiento a las empresas exportadoras de commodities.
 
La cuestión es que en el presente mes de febrero, por pedido del gobierno nacional, los exportadores debieron adelantar el ingreso al mercado local de tales créditos internacionales para aumentar así el nivel de reservas del Banco Central (BCRA). Si bien aún faltan dos meses para que comience a ingresar la mayor parte de la cosecha gruesa argentina (fundamentalmente maíz y soja), los exportadores debieron ingresar divisas por anticipado a cambio de pesos argentinos al tipo de cambio oficial.
 
Rewind. A partir de 2008 el gobierno nacional comenzó –de manera formal– a cobrar retenciones agrícolas por anticipado. Y a partir de este año –de manera informal– empezó a gestionar adelantos de ingresos de divisas de exportaciones de granos que ni siquiera comenzaron a cosecharse.
 
Con ambos mecanismos el gobierno kirchnerista creó algo mucho mejor que una Junta Nacional de Granos. Porque el régimen vigente, además de contar con más beneficios, tiene costo cero. No se trata sólo de que –gracias a las retenciones– 35 de cada 100 toneladas exportadas de soja sean del gobierno semanas o meses antes de concretar el embarque. La clave es que además se está usando al sector agroindustrial como una tarjeta de crédito de divisas.
 
Pero para un sector del gobierno nacional las retenciones y liquidaciones adelantadas de agrodivisas ya no son suficientes. Quieren más. Y más rápido.
 
El autor del mensaje más relevante al respecto fue el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, quien a comienzos del presente mes propuso crear un “Instituto Nacional de Comercio Agropecuario” para “recuperar la comercialización de los granos en la Argentina”.
 
Imaginación no le falta a Uribarri: en 2012 promovió una retención provincial del 6% disfrazada de una normativa orientada a combatir los “pooles agrícolas”. Quizás ahora pueda lucirse nuevamente.