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Indagatoria para D'Elía por la "intimidación" a ruralistas durante el conflicto con el campo
Pero en el juzgado de Ercolini estaba abierta la investigación por el delito de intimidación pública. El expediente estuvo a cargo de Pollicita quien pidió la indagatoria del dirigente oficialista y también de las autoridades de la Policía Federal que "liberaron" la zona para que D'Elía pudiera actuar sin inconvenientes y amedrentara a los que marchaban en contra del Gobierno.
Gahan y otras de las personas que fueron atacadas por D'Elía aquella noche –unas semanas antes del voto "no positivo" de Julio Cobos– declararon como testigos en la investigación que estuvo en manos de Pollicita. En la causa se sumaron como pruebas varias grabaciones de canales de televisión y los diálogos que mantuvieron por el sistema de radio los policías a cargo de la vigilancia de ese sector de la Ciudad.
Para el fiscal la policía no actuó en su tarea de prevención y permitió que D'Elía y sus acompañantes tomaran el control del espacio público por el que habían salido a pelear. Ercolini por pedido del fiscal que realizó la investigación, había citado a indagatoria a dos policías. Según reconstruyó el fiscal, aquella noche la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal -que estaba a cargo del Comisario Mayor Roberto Palavecino- implantó a través de la Sección Sala de Situación –cuyo responsable era el Subcomisario Alfredo Zaracho– un operativo de seguridad al mando del comisario Mario Alberto Morales, titular de la Comisaría 2ª, y bajo la fiscalización del comisario inspector Enrique Rubén Capdevilla, en carácter de titular de la Circunscripción I. Capdevilla fue, luego, jefe de la Policía Federal. Palavecino y Zaracho fueron citados por Ercolini. Palavecino falleció y solo fue indagado Zaracho. El juez debe decidir si lo procesa, lo sobresee o le dicta una falta de mérito.
Cuando D´Elía sea indagado el juez estará en condiciones de resolver su situación procesal. El delito de intimidación pública tiene una pena de tres a seis años de prisión, establecida por el artículo 212 del Código Penal, para el que "públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".
foto: Télam
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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