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El Gobierno de Daniel Scioli buscará reforzar la inversión de los municipios en seguridad, a partir de un proyecto que ya fue elevado a Nación para que -vía decreto de la Presidente- se modifique la asignación específica para obras de infraestructura que hoy tienen los recursos del Fondo Sojero. 
 
Además, avanza en el diseño del Presupuesto la idea de incorporar una tasa adicional para seguridad en el Impuesto Inmobiliario. 
 
Según el plan del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, el objetivo es lograr que se autorice el destino al área de Seguridad de cerca de $ 600 millones que los intendentes reciben anualmente como parte de la coparticipación del 30% de ese fondo, que para Buenos Aires representa unos $ 2.000 millones. 
 
De esa manera, las comunas podrán reforzar la inversión en, por ejemplo, compra de patrulleros, una demanda recurrente de todos los distritos. 
 
Según publicó Ámbito Financiero, la propuesta forma parte de las políticas contra la delincuencia que Scioli fijó como prioridad en su agenda de trabajo, de aquí a 2015. En efecto, el proyecto de Presupuesto que por estas horas termina de delinear el equipo bonaerense, pone especial acento en el gasto que se destinará al área de Seguridad. 
 
Entre otros, el gobernador prevé la incorporación de cerca de 6.000 nuevos efectivos, y no se descarta la creación de un nuevo ítem en el Impuesto Inmobiliario destinado a cubrir una especie de "tasa de seguridad" como la que hoy ya cobran muchos municipios en el ABL. 
 
De convertirse en realidad, la asignación al área de Seguridad de parte del Fondo Sojero le daría, además, una renovada participación en las políticas contra la delincuencia a los jefes comunales, incluso a aquellos que hoy batallan por la figura de la Policía municipal.
  Actualmente, los recursos del Fondo Sojero -que se coparticipan entre todas las provincias en un porcentaje del 30%- pueden ser utilizados solamente para obras de infraestructura. Caso contrario, las transferencias se interrumpen de manera automática. 

 
Sin embargo, desde su implementación, sectores de la oposición y varios dirigentes ruralistas denuncian que los intendentes utilizan los recursos para el pago de salarios y gastos corrientes. 
 
De ser así, el reclamo de la provincia se traduciría en un simple blanqueo de una situación que no suena descabellada. 
 
Antes de ser elevada a Nación, Granados planteó la idea ante un grupo de intendentes y luego ante los integrantes de la Mesa de Seguridad Rural, con quienes abordó además la problemática de la inseguridad en el campo, en un encuentro del que participaron el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta; el superintendente general de Policía, Hugo Matzkin; el titular de la Superintendencia de la Seguridad Rural, Roberto Cisterna y el director de Seguridad Rural, Carlos Rossi.

Foto: Infocampo.com.ar