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Afirman que la participación del Estado en la renta agrícola en junio fue de 73,7%
La participación del Estado es medida por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina con una frecuencia trimestral, siendo la última medición -marzo de 2013- de 76,3%, es decir, mayor en 2,6 puntos a la actual. La reducción de la participación del Estado refleja principalmente la caída en los costos de intervención causada por la reducción de la brecha entre el precio FAS del maíz y el disponible, consecuencia de una mayor demanda por parte de los exportadores debido a la súbita y temporal apertura de una gran cantidad de ROE que conducen a una mayor competencia transitoria entre los compradores. La reducción de lo que en este trabajo denominamos “costo de intervención” y su impacto sobre el Índice FADA son una fuerte manifestación de las distorsiones que se generan en el mercado con este tipo de medidas discrecionales. Asimismo, otro factor de relevancia en la variación de la participación del Estado fue el aumento de la renta agrícola como consecuencia del incremento del valor bruto de producción4 (VBP) causado por un aumento del precio de la soja y del tipo de cambio mayor al aumento de costos y a la disminución del precio de los demás granos considerados.
Distribución de la renta y causas de la variación
La renta agrícola es el resultado de restar el componente gastos y costos del valor bruto de producción a valores FOB, y se reparte entre la renta de la tierra después de impuestos5 (20,1%), el resultado después de impuestos de la explotación agrícola (6,1%), los costos de intervención (0,1%), los impuestos provinciales (2,2%) y los impuestos nacionales (71,4%).
Como se dijo, la participación del Estado en la renta agrícola para el mes de junio es 2,6% menor, en términos absolutos, que en marzo cuando era de 76,3%. Las causas de esta variación se deben a un incremento de la renta de un 1,8%, producto de un incremento del valor bruto de producción de 2,9% como consecuencia del aumento del 3% del precio de la soja y del 4,1% en el tipo de cambio. Al mismo tiempo los costos de producción de los cultivos - ponderados por la participación- subieron 3,4%6. El costo del transporte, por su parte, se incrementó en 7,5%. El promedio de los precios FOB del maíz, el trigo y el girasol se redujo un 1,4% ponderado7. Sin embargo, el impacto más fuerte se debe al incremento del 25% en el precio del maíz disponible, que redujo los costos de intervención de 6,1% a 0,1%. Esta diferencia se repartió entre el resultado de la explotación por mayores ingresos e impuestos nacionales -conforme con la alícuota que se aplica para el impuesto a las ganancias-, pasando de 4,3% a 6,1% y de 68,2% a 71,4%, respectivamente.
Construcción del índice
En este estudio se consideran los cuatro principales cultivos de Argentina: soja, trigo, maíz y girasol8. Para cada uno de ellos, se analiza la estructura de ingresos, costos e impositiva para una hectárea de uso propio con costos de fletes promedio a nivel nacional. Se utilizan los rendimientos nacionales promedio de las últimas cinco campañas9 y los precios de junio de 201310. Estos datos se ponderan con las participaciones de los cultivos en la superficie implantada y, de esta manera, se obtiene la distribución del valor bruto de producción agrícola para una hectárea representativa promedio a nivel nacional. Luego, a partir de ésta, se calcula la distribución de la renta agrícola generada por dicha hectárea.
Siguiendo esta metodología, los resultados obtenidos indican que los costos y gastos representan 41,8% del valor bruto de producción agrícola; los costos de intervención 0,1%; los impuestos provinciales 1,3%; los impuestos nacionales 41,6%; la renta de la tierra después de impuestos 11,7%; y el resultado después de impuestos de la explotación agrícola 3,6%.
Así, si se suman costos de intervención, impuestos provinciales e impuestos nacionales, el Estado en forma directa o en forma de subsidio a otras actividades, participa en el 43% del producto de una hectárea agrícola en Argentina; mientras que el sector agrícola que es quien asume el riesgo y destina tierra, trabajo y capital para la producción, se apropia de un 15,3% de su valor.
Adicionalmente, si al valor bruto de la producción agrícola se le sustrae el componente de costos y gastos, se obtiene lo que se denomina “renta agrícola”. La renta agrícola representa el 59% del valor de la producción y se reparte entre el Estado, el resultado de la explotación y la renta de la tierra.
Distribución federal de los impuestos nacionales sobre la producción agrícola
El análisis de la distribución entre Nación y Provincias de los impuestos que recaen sobre la producción agrícola es de especial interés dado el amplio debate que actualmente existe sobre el federalismo. En esta sección, de forma resumida, se analiza la distribución del 71,4% de la renta que corresponde a impuestos nacionales, compuesto por un 74,2% de derechos de exportación (DEX), 1,5% de IVA, 1,4% de impuestos a los créditos y débitos bancarios (ICDB) y 22,9% de impuesto a las ganancias. La recaudación de IVA e Impuesto a las Ganancias es coparticipable, mientras que la de DEX e ICDB lo es parcialmente, es decir, sólo una porción de lo recaudado se distribuye automáticamente por decreto.
La distribución automática se da por dos vías: la coparticipación federal de impuestos y el Fondo Federal Solidario. Así, se distribuye a las provincias y municipios el 14% de los DEX, el 44% del IVA, el 15% del ICDB y el 32% del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, teniendo en cuenta la participación de cada uno, el 19% de los impuestos nacionales considerados se distribuye a las provincias, mientras el resto es recaudado por el Estado Nacional o dirigido como subsidio indirecto a otras partes de la cadena -en el caso de una porción de los DEX.
Foto: Infocampo.com.ar
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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