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Directorio legislativo
Impulsan la creación del Instituto Provincial de Semillas del Chaco
Legisladores locales presentaron una iniciativa para el desarrollo y promoción de semillas nativas y criollas identificadas.
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Los diputados del Frente Grande Fabricio Bolatti y Héctor Daniel Trabalón, presentaron un proyecto de ley que impulsa la declaración de interés de la promoción, obtención, producción y comercialización de las semillas nativas y criollas identificadas y registradas en la provincia del Chaco.
A su vez, propone la creación del Instituto de Semillas IPROSE, con el objetivo de garantizar al sector productivo radicado en la provincia, la producción abastecimiento y el registro de semillas nativas y criollas. Se trata del Expte. Nº 619/13 que fue girado a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La iniciativa es respaldada por asociaciones de pequeños productores como UNPEPROCH, CANPO y UNPEPROCE, Federación de Tierra y Vivienda y UTRE CTERA, quienes acompañaron al legislador en la presentación del proyecto ante la prensa.
Bolatti señaló que el proyecto es el resultado de un trabajo conjunto con un grupo de organizaciones que buscan un modelo alternativo de producción y buscar alternativas para generar un Instituto de Semillas para promover el uso y la producción de la semilla criolla en la provincia.
Los autores sostienen que la iniciativa busca resolver la problemática de los agricultores familiares y pequeños productores que en las últimas décadas pasaron a depender del negocio de las semillas de las multinacionales.
En declaraciones a los medios, el Bolatti manifestó que “Esta propuesta también busca rescatar la identidad cultural en la producción, la soberanía productiva y alimentaria, las que pasan a ser clave en este momento que necesitamos producir nuestro propio alimento y para ello necesitamos como principal insumo a la semilla", señaló.
Además, agregó que "para concretar esta política se precisa de la creación de un instituto provincial que tenga un registro de semillas nativas y criollas y tenga un banco de semillas para garantizar el abastecimiento de la materia a los que cultivan la tierra para poder un alimento sano en la provincia, esas son las bases para esta futura política de Estado que queremos lograr”.
Entre los fundamentos del proyecto, figura el de garantizar el abastecimiento de la semilla nativa, criolla o variedad a través del Banco de Semillas que asegure la provisión de especies no transgénicas. En contra del sistema de producción implementado desde las multinacionales, cuyo sistema de patentes no permite reutilizar, compartir y almacenar las semillas de la planta cultivada, lo que profundiza el empobrecimiento y la desigualdad que las familias rurales.
Además, promueve el concepto de soberanía alimentaria que se ve amenazada ante el avance del monocultivo como sistema de producción y la reducción del impacto ambiental.
El proyecto utiliza como ejemplo a la empresa misionera Biofábrica S.A. que trabaja desde el material genético provisto inicialmente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la demanda de los distintos sectores. En algunos casos son materiales disponibles.
De esta forma, el Estado garantiza la socialización hacia los pequeños productores o las pequeñas y medianas industrias de los resultados de las investigaciones desarrolladas por sus centros públicos de investigación, para asegurar que ese segmento no pierda competitividad. Así logran propagar determinadas especies cuyos materiales están restringidos o bien, lo que esté disponible.
Foto: Martín G. Alzaga
A su vez, propone la creación del Instituto de Semillas IPROSE, con el objetivo de garantizar al sector productivo radicado en la provincia, la producción abastecimiento y el registro de semillas nativas y criollas. Se trata del Expte. Nº 619/13 que fue girado a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La iniciativa es respaldada por asociaciones de pequeños productores como UNPEPROCH, CANPO y UNPEPROCE, Federación de Tierra y Vivienda y UTRE CTERA, quienes acompañaron al legislador en la presentación del proyecto ante la prensa.
Bolatti señaló que el proyecto es el resultado de un trabajo conjunto con un grupo de organizaciones que buscan un modelo alternativo de producción y buscar alternativas para generar un Instituto de Semillas para promover el uso y la producción de la semilla criolla en la provincia.
Los autores sostienen que la iniciativa busca resolver la problemática de los agricultores familiares y pequeños productores que en las últimas décadas pasaron a depender del negocio de las semillas de las multinacionales.
En declaraciones a los medios, el Bolatti manifestó que “Esta propuesta también busca rescatar la identidad cultural en la producción, la soberanía productiva y alimentaria, las que pasan a ser clave en este momento que necesitamos producir nuestro propio alimento y para ello necesitamos como principal insumo a la semilla", señaló.
Además, agregó que "para concretar esta política se precisa de la creación de un instituto provincial que tenga un registro de semillas nativas y criollas y tenga un banco de semillas para garantizar el abastecimiento de la materia a los que cultivan la tierra para poder un alimento sano en la provincia, esas son las bases para esta futura política de Estado que queremos lograr”.
Entre los fundamentos del proyecto, figura el de garantizar el abastecimiento de la semilla nativa, criolla o variedad a través del Banco de Semillas que asegure la provisión de especies no transgénicas. En contra del sistema de producción implementado desde las multinacionales, cuyo sistema de patentes no permite reutilizar, compartir y almacenar las semillas de la planta cultivada, lo que profundiza el empobrecimiento y la desigualdad que las familias rurales.
Además, promueve el concepto de soberanía alimentaria que se ve amenazada ante el avance del monocultivo como sistema de producción y la reducción del impacto ambiental.
El proyecto utiliza como ejemplo a la empresa misionera Biofábrica S.A. que trabaja desde el material genético provisto inicialmente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la demanda de los distintos sectores. En algunos casos son materiales disponibles.
De esta forma, el Estado garantiza la socialización hacia los pequeños productores o las pequeñas y medianas industrias de los resultados de las investigaciones desarrolladas por sus centros públicos de investigación, para asegurar que ese segmento no pierda competitividad. Así logran propagar determinadas especies cuyos materiales están restringidos o bien, lo que esté disponible.
Foto: Martín G. Alzaga
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