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Sancionada a fines de 2011 para cumplir con la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20, hasta ahora sólo fue utilizada para congelar bienes de represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
 
Según publica hoy el diario El Cronista, es la alternativa que maneja el Gobierno para presionar a los productores para que liquiden sus granos, y permitan así el ingreso de dólares, en momentos en que el mercado paralelo presiona sobre el precio de la divisa.
 
La disputa es por unos u$s5.000 millones producto de la soja que, según el Gobierno, existe en silobolsas desde la cosecha pasada, algo que los productores niegan.
 
"No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía", había advertido el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a mediados de febrero. Algo que generó una interna en la Mesa de Enlace.
 
Cuando se aprobó la ley, José Sbattella, el titular de la UIF, explicó: "Deja abierto que se gravan con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad".
 
Según trascendió, el Gobierno esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación de la actual cosecha, que tendrá su epicentro entre ese mes y junio.
 
Si se aplica finalmente la ley antiterrorista contra los sojeros, sería un paso por demás audaz del Ejecutivo, que dispararía, sin dudas, una escalada de protestas que las entidades agrarias ya anticipan.

Foto: Martín G. Alzaga