NOTICIAS Y VIDEOS /

Alejada la posibilidad de recrear la Junta Nacional de Granos, la idea es modificar la actual Ley de Arrendamiento para poner límites a los pooles de siembra y subir los impuestos a la tierra que no declara ninguna actividad productiva. La otra iniciativa apunta a hacer obligatorio el seguro agrícola.
 
Técnicos del Ministerio de Agricultura ultiman detalles de un informe de carácter técnico, acerca de la situación de los arrendamientos en el campo argentino. A partir de este se analizaría enviar un proyecto que renueve y actualice totalmente la legislación actual de contratos agrarios contenida en la ley 13.246, vigente desde 1948, indicó el diario BAE.
 
En el informe que le presentarán a la Presidenta, se destaca que la Argentina es, quizás, el único país del mundo que tiene este sistema de producción, donde, en promedio nacional, el 60% se hace por arrendamiento. Ningún país del mundo supera el 30%. En tanto, la estructura de costos señala que el 40% de lo invertido en la campaña pasada se debe a la aplicación de tecnología.
 
Desde el Gobierno quieren “permitir que el pequeño y mediano productor pueda acceder competitivamente a las tierras de forma tal que tenga herramientas para competir con estructuras económicas más poderosas”, afirmaron las mismas fuentes.
 
Uno de los temas de debate son las unidades económicas; es decir, las hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria que se desarrolla en cada provincia.
 
Además, se busca diferenciar a aquel agricultor que depende de su tierra para subsistir de aquel que la alquila a algún pool de siembra. Éste es un tema que siempre fue impulsado por la Federación Agraria Argentina.
 
En pocas palabras, el Gobierno lo que busca es que los pequeños productores adquieran escala pero que a la vez estén insertos en un concepto de competitividad que hoy no la tienen, remarcó el diario.
 
Por ejemplo, en la campaña actual de soja el dueño del campo se llevan en promedio 18 quintales por hectárea, lo cual en un rendimiento de 28 quintales representa el 64 por ciento. Esto se traduce a valores actuales en u$s936 por hectárea que queda en manos del arrendador.
 
El objetivo es ordenar un sistema que le ha sido perjudicial a los productores. El proyecto busca bajar el enojo del campo que días atrás manifestó que no vendería soja. Ante esto, el Gobierno llegó a barajar la semana pasada el relanzamiento de la Junta Nacional de Granos, pero por ahora está en espera. Lo que sí sigue en vigencia es el control de la AFIP sobre los campos para determinar la soja retenida, y que los productores no habrían declarado, así como la mira en los mercados de futuros que rige el próximo viernes.
 
Respecto del seguro agrícola, las fuentes manifestaron que su anuncio sería un “hecho concreto”, pero dependerá en última instancia de la Presidenta, remarcó BAE.
 
Desde el sector privado expresaron que “hubo contactos permanentes” y reconocieron que “a nivel técnico el proyecto está cerrado”.
 
Este sostiene la aplicación de un subsidio de la tasa mínima y que se ubicaría por debajo de la prima de cada seguro y donde el Banco Nación será el responsable del mismo. Además, las empresas podrán ofrecer sus productos de forma tal que se mantenga la competencia en el mercado.


Foto: Martín G. Alzaga