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Trabas: Avanzan las denuncias ante la OMC
La Argentina sigue adelante con su denuncia contra USA por las restricciones impuestas por Washington a los productos cárnicos argentinos, que Buenos Aires ve incompatibles con los términos del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.
Nuestro país hizo hincapié en que Estados Unidos lleva 11 años prohibiendo la importación de carnes bovinas frescas (enfriadas o congeladas) provenientes de la Argentina sin fundamento científico, teniendo en cuenta la consideración internacional del país sudamericano como zona libre de fiebre aftosa desde el año 2007.
Estados Unidos contestó afirmando que cumple a rajatabla sus obligaciones internacionales en esta materia, pero indicó que sus autoridades sanitarias están en proceso de "evaluar cuestiones sanitarias relacionadas con los productos argentinos".
En tanto, el otro grupo de expertos deberá considerar la queja de europeos, estadounidenses y japoneses de que la normativa argentina sobre importaciones "no es transparente, se aplica de manera arbitraria y restringe ilegalmente el comercio".
Según informaron fuentes diplomáticas, el representante argentino ante el OSD consideró "carente de fundamento" la creación de este panel, sobre todo después de que su Gobierno decidiera derogar el pasado día 25 una parte de las licencias no automáticas de importación.
El delegado argentino subrayó "el crecimiento notable de las exportaciones hacia Argentina provenientes de cada uno de los miembros que hoy solicitan el establecimiento de un grupo especial", la razón más evidente para Buenos Aires de que no han actuado incorrectamente.
"Este hecho es fácilmente constatable y desvirtúa con hechos concretos cualquier temor de que las medidas argentinas en cuestión puedan resultar restrictivas para las importaciones", agregó.
Pero los tres demandantes insistieron en la necesidad de seguir adelante con la petición de un panel de expertos para resolver la disputa por considerar que las recientes medidas adoptadas por nuestro país no van a solucionar el problema.
La disputa no se puede cerrar del todo, afirmaron, porque la Argentina no ha retirado la obligación de la declaración previa a la importación (DJAI), el trámite que consideran más discrecional.
Los demandantes denunciaron también que se mantiene hasta la fecha la exigencia a los operadores extranjeros de que se comprometan a exportar a los países de origen de las importaciones bienes por un valor similar al de las compras realizadas.
La lista de productos afectados es larga, según los demandantes: computadoras portátiles, aparatos de aire acondicionado, tractores, maquinaria, herramientas, coches, plásticos, químicos, juguetes, repuestos, bicicletas, productos de papel o zapatos.
Este caso, planteado por primera vez en mayo del año pasado por la Unión Europea, y al que se sumaron en agosto USA y Japón, corría en paralelo con la denuncia presentada por la Argentina contra la UE por la asignación de España de cupos a la importación de biodiesel.
La Argentina pidió en diciembre crear un panel sobre este asunto, pero la decisión de España de revocar los cupos hizo que Argentina decidiera no insistir en el tema ante el OSD.
Foto: Urgente24.com
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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