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Para cambiar soja por tierra los productores tienen que pagar una retención superior al 50%
El derecho de exportación nominal vigente sobre el poroto de soja es del 35% del valor FOB. Pero la retención efectiva del producto al momento de transformarlo en tierra productiva es superior al 50%.
Los potenciales vendedores de campos –un activo estratégico en un mundo de 7000 millones de personas en progresivo crecimiento– sólo aceptan dólares billete para deshacerse del activo.
La cuestión es que, si bien los valores internos (FAS) de los granos se encuentran pesificados al tipo de cambio oficial (4,95 $/u$s), la única manera de acceder a dólares destinados a comprar campos es el circuito informal (que actualmente cotiza a 7,55 $/u$s).
En tales circunstancias, la retención efectiva vigente sobre la soja al momento de adquirir un departamento es del 53%.
Para decirlo de otra manera: si en la Argentina hubiese un solo tipo de cambio para todos y para todas, entonces un productor sojero necesitaría hoy 47,4 toneladas del poroto para comprar una hectárea de tierra valuada en 18.000 dólares. Pero con el desdoblamiento cambiario necesita 72,2 toneladas de soja para poder concretar esa operación.
Foto: Martín G. Alzaga
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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