NOTICIAS Y VIDEOS /

Tal como ocurrió con la ley de semillas, el diputado Juan Casañas presentó un proyecto alternativo sobre uso de agroquímicos antes que el propio oficialismo. El diputado radical por Tucumán acepta que no tiene inconvenientes en que se modifique su propuesta, ya que la defiende como un primer paso para debatir un marco regulatorio-entre tantos- que estima que el sector primario necesita para aumentar su producción.
 
“Para empezar a construir algo en serio, tenemos que unificar criterios y tener algún criterio de aplicación. Hay cada genio que termina metiendo preso algún agricultor o aplicador, y cada genio aplicando que hace que todo el sector quede mal posicionado…Había que sentarse y armar un marco para diseñar un apolítica nacional donde haya un ente regulador que marque las pautas”, afirmó.
 
Según Casañas, “Cada municipio tiene para agregarle de acuerdo a determinadas características algo particular, pero teníamos que tener un régimen que nos oriente quién se hace responsable para la aplicación, cuales son las condiciones”, o que determine “cuando hay municipios que prohíben aplicar a 2 mil metros, ¿Dónde empieza el pueblo?”
 
Luego de admitir que intentó, de forma fallida, discutir el proyecto con el FPV, el diputado que también es productor autoconvocado aseveró que “Hemos presentado (el proyecto) para empezar el debate. Después, el ministerio empezó a convocar a universidades y entidades que son más o menos amigos. Básicamente es un marco regulatorio, una entidad que controla y pone las pautas y hay que tener en cuenta las pautas del municipio. No sé por qué el kirchnerismo no me quiso apoyar, cuando le queremos dar una herramienta al ministerio para que haga algo para el sector agropecuario”.
 
“A cuántos metros no se puede aplicar lo tiene que definir el ministerio de Agricultura con una comisión, donde estemos representados los productores, y ese debería ser el camino para debatir”, opinó para Ondas de Campo.
 
“El campo genera 30 mil millones de dólares y hay proyectos que dicen que se prohíbe el uso del glifosato en todo el campo argentino. Este proyecto es un buen puntapié para iniciar el diálogo y empezar una política de agroaplicación con responsabilidad. Hay que empezar a registrar y que haya un ente de control, para que no se hagan macanas”, añadió.
 
Por último, finalizó: “Mi proyecto está presentado para decir si es bueno o es malo. El campo y el país están necesitando políticas agropecuarias serias y previsibles para generar 40 mil millones de dólares por año”.

Foto: On24.com.ar