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Por Florencia Donovan.- Mientras el Gobierno negocia con los holdouts y pide a la justicia de Nueva York que libere las trabas para poder pagarles en el exterior a los bonistas que entraron a los canjes de deuda, la Inspección General de Justicia (IGJ) dio marcha atrás con una resolución que había aplicado hace apenas meses, en la que ordenaba la liquidación del Bank of New York Mellon (BoNY), la entidad encargada de realizar los pagos a inversores en el exterior de varios bonos argentinos, según el documento que vio La Nacion.
 
Así, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a dar los primeros pasos administrativos para normalizar el frente externo en caso de que avancen las negociaciones con los denominados fondos buitre y se allanen las dificultades que plantean las decisiones del juez de Nueva York, Thomas Griesa.
 
Cuando el BoNY no pudo transferir en 2014 el dinero de los cupones de bonos argentinos por una orden de Griesa, la administración de Cristina Kirchner se deslindó de responsabilidades y les echó la culpa a los intermediarios. Como consecuencia, el Banco Central (BCRA) le revocó la autorización para operar a la sucursal del BoNY en la Argentina. Más tarde, la IGJ sacó una resolución en la que afirmaba que como el objeto del banco era actuar y ser representante ante el BCRA, al habérsele revocado la autorización, no tenía más objeto y debía disolverse la sociedad.
 
En ese entonces, los abogados del banco recurrieron la decisión de la IGJ, que finalmente esta semana les dio la razón. El banco había esgrimido que tenía varias actividades, más allá de las normadas por el BCRA. Ofrecía servicios fiduciarios (pagando a los tenedores de bonos argentinos en el exterior, por ejemplo), abría cuentas para entidades financieras locales, participaba del proframa de depósitos americanos por la cual actuaba como depositaria de acciones emitidas por sociedades locales que se colocaban en el exterior, y presentaba servicios de comercio exterior, mediante la financiación de importadores argentinos.
 
"La resolución sancionada el 25 de agosto de 2014 se puede advertir que se presumió que la única actividad permanente que desarrollaba la sociedad extranjera en el país a través de su representación estaba relacionada con la actividad bancaria regulada por el Banco Central", dice el documento de la IGJ de esta semana. La resolución de la Superintendencia del BCRA, agrega el texto, sólo afectaba a las personas designadas como representantes de la oficina local del BoNY, pero no habilitaba a la disolución de la sociedad, siempre que se nombraran nuevos representantes de la sociedad.
 
La decisión de la IGJ llega justo en un momento en el que el Gobierno de Mauricio Macri intenta normalizar el frente externo, para poder volver a los mercados de deuda. La administración anterior había intentado -sin demasiado éxito-, que los tenedores de bonos argentinos en el exterior cambiaran voluntariamente de fiduciario, y en lugar de recibir los pagos de los cupones a través del BoNY, hacerlo vía el Banco de la Nación Argentina.
 
Fuentes cercanas al BoNY anticiparon además a LA NACION que tienen también intenciones de pedirle al BCRA que vuelva a habilitar también a la sociedad como sucursal y representante local ante la entidad, para así terminar de normalizar sus operaciones.
 
En las cuentas del BoNY en el BCRA hoy hay inmovilizados unos US$ 539 millones que pertenecen a tenedores de bonos argentinos con legislación de Nueva York sólo por los vencimientos que no pudieron pagarse de los bonos PAR. Si el juez Griesa llegara a levantar la medida cautelar por la que se congelaron estos pagos -tal como le solicitó la Argentina que hiciera anteayer-, el BoNY probablemente sea uno de los tantos