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(Por Fernando Giannoni , director Asuntos Corporativos de Monsanto).- Hace unos días, el presidente de la Sociedad Rural Argentina aseguraba en un medio gráfico nacional, que su entidad entendía que para alcanzar el potencial del campo argentino es necesario contar con toda la tecnología disponible y con los avances genéticos que permitirán aumentar la producción de granos en 50% para 2020; y advirtió que “si no se reconoce el esfuerzo de las empresas semilleras en los avances biotecnológicos, los productores argentinos podemos ver limitada la oferta de semillas y la tecnología a disposición”.
 
Aceptó que “Monsanto tiene derecho a proteger los avances tecnológicos que la empresa genera” y dijo que los productores argentinos quieren pagar por la utilización de nuevas tecnologías. Sin embargo, cuestionó en público la existencia de tales patentes, a pesar de que el  titular de la SRA pudo comprobar en la nota que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) le enviara en junio pasado, que Monsanto es titular en la República Argentina de derechos de propiedad intelectual que protegen a la biotecnología denominada INTACTA RR2 PRO, los que -entre otros- incluyen patentes otorgadas por el INPI y cuyas copias pueden ser solicitadas ante el referido organismo.
 
Existe una contradicción aparente entre las afirmaciones a favor del reconocimiento por la biotecnología  y la realidad. A pesar de sus continuas declamaciones públicas proclamando su vocación de pagar por la tecnología, algunos dirigentes de la Sociedad Rural fueron y siguen siendo detractores del consenso; favoreciendo a los evasores del mercado, y dando la espalda tanto a la industria de semillas como a los productores.
 
De hecho, muchos de ellos adhirieron, junto a gran parte de la cadena sojera al sistema de negocios propuesto por Monsanto cuando hace 2 años, introdujo la nueva biotecnología INTACTA RR2 PRO; que otorga a las variedades de soja mayores rindes, menores costos de producción y simplicidad de manejo.  Somos conscientes que no todos están cómodos con esta propuesta de valor tecnológico.
 
El comúnmente conocido “control en la entrega” del sistema INTACTA es un mecanismo complementario que fomenta el uso de semilla fiscalizada y el uso propio oneroso de tecnología, en beneficio del germoplasma nacional y los desarrollos recientes biotecnológicos. Esta verificación se encuentra plenamente amparada por la legislación vigente; y de no hacerla, si el grano de soja contuviese tecnología INTACTA RR2 PRO sin contar con el debido pago de la misma,  quien recibiera ese grano estaría incurriendo en una infracción al Derecho de Patentes.
 
Esta fase es la que genera fuerte oposición entre algunos dirigentes; pero debe entenderse como una herramienta para darles a los productores una opción de pago adicional, si no hubieran optado por pagar el Canon Intacta con anticipación en alguna de las muchas oportunidades de pago previstas en la etapa de siembra. Es una etapa necesaria para ser justos con todos aquellos productores que reconocen el valor de la tecnología. Para reducir la importancia de esta fase en granos, en esta campaña ofrecemos importantes ventajas financieras por pago anticipado y compra de semilla certificada.
 
Conscientes de que el consenso no es aún total, y de que el sistema se irá perfeccionando para dar cabida a todos los lanzamientos de tecnología de los próximos años, seguimos en permanente diálogo con los productores y toda la cadena de la soja, escuchando y explorando opciones para que quienes opten por la tecnología INTACTA RR2 PRO reconozcan la propiedad intelectual en forma anticipada y así eviten el pago en el grano.
 
El valor de INTACTA se experimenta en los resultados. Los miles de productores que eligieron esta tecnología obtuvieron esta campaña pasada un incremento de 321 kgs/ha en promedio con respecto a la tecnología anterior, la RR1. La mayoría optó por pagar por la tecnología en alguna de las varias instancias que ofrece el sistema para la retribución de la Propiedad Intelectual por la biotecnología.  La satisfacción de la mayoría de los productores fue evidente, sin conflictos, y sin que ocurriese disrupción alguna en el comercio de granos.
 
Seguiremos trabajando con quienes desean estar en la mesa de dialogo de las Bolsas de Cereales, junto a productores, acopiadores, corredores, semilleros, exportadores explorando nuevas opciones que no dependan del control en el grano.
 
En 2016 INTACTA generará 893 millones de dólares adicionales por los mayores rendimientos esperables en la cosecha de soja, de los cuales el Estado absorberá 350 millones y los acopios capturarán más de 100 millones de dólares. Desechar la introducción de nuevas tecnologías es hipotecar el futuro para una Argentina que tiene el máximo potencial de crecimiento agrícola y alimenticio.
 
La voz de la SRA: Las fallas en los controles, no habilitan el incumplimiento de la ley
 
(Por Luis Miguel Etchevehere, presidente de Sociedad Rural Argentina).- La adopción de tecnologías y las mejoras genéticas en las semillas colaboraron con el salto en la productividad que vivió la Argentina en las últimas dos décadas. Así lo entendemos los productores argentinos que buscamos el mayor rendimiento y la excelencia en los cultivos, de la mano de prácticas sustentables, como la siembra directa.
 
Hoy ese comercio de semillas tiene un marco legal que hay que respetar, previsto en la ley 20.247. Todos los integrantes de la cadena de valor de la producción, debemos ajustarnos a esa normativa.
 
Las fallas en el control del sistema de comercialización de granos que pueden dar lugar a la llamada “bolsa blanca” no pueden, bajo ningún punto de vista, habilitar a una empresa como Monsanto a generar un sistema paralelo y ajeno al marco legal, para hacer un control que es competencia del Estado.
 
La empresa insiste con la pretensión de cobrar un canon por la soja “Intacta RR2 Pro”, bajo un mecanismo totalmente arbitrario, que se contrapone a la ley de semillas. Monsanto lleva adelante esta estrategia aun sabiendo que no tiene la patente por la soja “Intacta RR2 PRO”, tal como informó oportunamente el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), ante la consulta realizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en mayo.
 
En su afán de fiscalizar la comercialización de soja a través de exportadores y acopios, pretendiendo retener dinero de los productores de manera compulsiva, la empresa interfiere en la comercialización de granos y asume unilateralmente una potestad que no le corresponde.
 
La falta de adecuación de Monsanto al ordenamiento legal argentino atenta gravemente contra la comercialización de soja, al tiempo que se contrapone a los usos y las costumbres empleados por generaciones enteras de productores en la venta de granos.
 
Como lo expresamos en múltiples oportunidades, estamos dispuestos a colaborar para encontrar las fallas en los controles de la comercialización de semillas, respetando el marco legal vigente, que contempla el derecho del uso propio del grano producido.
 
Al mismo tiempo, también estamos a disposición para establecer un diálogo entre los diferentes eslabones de la cadena de valor para encontrar alternativas superadoras de la legislación actual. Este diálogo debe estar fundado en la confianza y en la voluntad de generar consensos. Los atropellos dentro de la cadena de valor, se convierten en obstáculos para el alcanzar este consenso, y por eso, el Estado debería ejercer el poder de contralor para que cesen las prácticas arbitrarias que se oponen al marco legal vigente.