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Por Benedict Mander.- Después de saltar de su carro tirado a caballo en la aislada comunidad menonita de Manitoba, Johan Peters admite que es incómodo que los productores agrícolas tengan prohibido que sus tractores usen neumáticos de goma, por lo que los reemplazan por ruedas con dientes de metal.
 
Aún así, el grupo religioso ultraconservador prospera en las tierras bajas del este de Bolivia. Con dificultades para expresarse en español, Peters recurre a un dialecto del alemán para explicar las razones de su éxito: la soja. "Ésta es el área de cultivo más productiva de Bolivia", aseguró Jacob Fehr, vicepresidente de Chihuahua, la colonia menonita vecina más liberal fundada hace 26 años. En la última década, su comunidad de 220 familias más que duplicó la superficie que poseen y cultivan a 25.000 hectáreas, en gran parte gracias al reciente auge de los precios de los commodities.
 
Estos productores agropecuarios encabezan una revolución agraria en Bolivia que en las últimas décadas atrajo inmigrantes japoneses y rusos, además de inversiones a gran escala provenientes de Brasil y Argentina. Eso provocó un crecimiento explosivo en la economía y población de la provincia de Santa Cruz, cuya capital es una de las ciudades de mayor expansión en el mundo y ahora la más grande del país, con cerca de 2 millones de habitantes, casi una quinta parte de la población nacional.
 
Santa Cruz es la fuerza motriz de la agricultura boliviana. Representa cerca del 60% del rendimiento agropecuario nacional y la soja representa más de la mitad de la producción de la provincia. Con Argentina, Brasil y Paraguay ya saturados de cultivos de soja, el potencial de expansión en Santa Cruz, donde gran parte de las tierras están subutilizadas, llevó a algunos a considerarla la próxima frontera agrícola sudamericana.
 
Algunas esperanzas se intensificaron con la caída de los precios del petróleo, lo que forzó a los países productores de energía como Bolivia a buscar alternativas y formas más sustentables de ingresos. Con la soja sólo representando la tercera mayor fuente de divisas de Bolivia después del gas y la minería, el gobierno anunció planes ambiciosos para ampliar la zona de tierras cultivadas de 2,7 millones de hectáreas el año pasado a 4,5 millones en 2020.
 
"Acá hay un enorme potencial", aseguró Gabriel Dabdoub, un importante empresario de Santa Cruz que cree que el sector agrícola no puede prosperar sin el apoyo del gobierno tendiente a elevar los niveles de productividad, que son muy inferiores a los de gigantes como Brasil y Argentina. Pero sigue habiendo dudas hasta qué punto llega el compromiso del gobierno con la promoción de la agricultura. "Implican millones de dólares", dijo Dabdoub.
 
René Orellana, ministro de planificación de Bolivia, dijo en una entrevista que de la inversión pública programada de u$s 48.000 millones hasta el 2020, el gobierno apunta a invertir más de u$s 5.000 millones en agricultura, y cerca de u$s 2.500 millones en la construcción de complejos agroindustriales. Enfatizó que las inversiones estarán concentradas en fortalecer a los pequeños productores en las tierras altas al oeste del país y exportaciones no tradicionales con alto valor agregado, y no a quienes cultivan soja en Santa Cruz.
 
Sin embargo, las relaciones entre los grandes terratenientes y el gobierno mejoraron mucho desde los primeros días intensos que tuvo Evo Morales como presidente. Su necesidad de mantener el apoyo de su base de poder –la población indígena de las tierras altas– condujo serios choques con los ciudadanos más adinerados de Santa Cruz, que siempre quisieron mayor autonomía de La Paz. "Nos dimos cuenta de que no íbamos a ninguna parte peleando, así que decidimos "negociar"", contó Jaime Suárez, un granjero que participó de las conversaciones con el gobierno. Sin embargo, los terratenientes se quejan de que el diálogo todavía tiene que traducirse en acción, siendo la burocracia un problema particular.
 
Los productores agrícolas enumeran una larga lista de desafíos. Entre ellos el principal es la seguridad legal, con amargas quejas sobre la intervención del gobierno en el sector exportador. La mayoría también cita la necesidad de mejorar la tecnología, los problemas con el acceso al crédito y la mala infraestructura del país mediterráneo.
 
Reinaldo Díaz, presidente de la cámara empresaria de productores de soja en Santa Cruz, enfatiza la necesidad de levantar las restricciones al uso de biotecnología, que sí se emplea en Argentina, Brasil y Paraguay. "Sin biotecnología, se nos hace muy difícil competir con nuestros vecinos", aseguró.