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La iniciativa –que ya tiene media sanción del Senado y cuenta ahora con vía libre para ser aprobada por la mayoría oficialista en el recinto de la Cámara baja– habilitará la posibilidad de liquidar las fundaciones y entes locales de lucha sanitaria contra la aftosa para reemplazarlas eventualmente por organizaciones públicas municipales o provinciales.
 
El proyecto dispone que el Senasa “promoverá la constitución de una red institucional con asociaciones civiles sin fines de lucro o el acuerdo con entidades académicas, entes oficiales nacionales, provinciales y/o municipales, de carácter público, privado o mixto, previa firma del convenio respectivo, a fin de ejecutar en forma conjunta y coordinada las acciones sanitarias y fitosanitarias (…) con el propósito de complementar su descentralización operativa”.
 
La iniciativa establece además que “la prestación de los servicios por parte de los entes sanitarios durante el lapso que estén obligados se considera servicio público de asistencia sanitaria”. Y añade que “la ejecución fuera de los parámetros del acuerdo y/o de la normativa vigente, la suspensión, la interrupción, la paralización o la negación de tales servicios, directa o indirectamente, se considerará falta grave y hará pasible la aplicación de las sanciones establecidas al efecto, incluyendo la rescisión de los acuerdos celebrados y, de corresponder, la exclusión del sistema”.
 
También determina la “obligación de respetar los valores arancelarios que se establezcan para las prestaciones a cargo de los entes sanitarios”, lo que constituye un cambio sustancial, dado que actualmente son las propias autoridades de los entes las que determinan el costo del servicio en función de la cantidad de cabezas bovinas presentes en la zona, extensión territorial y costo local del combustible, entre otros factores.
 
Los legisladores opositores –que conforman la minoría en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados– lograron ayer aprobar un dictamen de minoría de un proyecto alternativo en el cual se elimina la declaración de “servicio público” de la función llevada a cabo por los entes sanitarios (la llave legal que permitiría liquidarlos en un futuro) y eliminar la posibilidad de que el Senasa establezca el valor arancelario de la vacunación.