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Por Hipólito Ruiz.- En una ocasión, un reportero de televisión le preguntó cómo hacía para cultivar su calificado y valioso producto. El reportero descubrió que el agricultor compartía buena parte de las mejores semillas de su plantación de maíz con sus vecinos.
 
- ¿Cómo puede usted compartir sus mejores semillas con sus vecinos, cuando ellos están compitiendo directamente con usted?. Y el agricultor respondió: - ¿Usted no sabe? ¡Es simple! El viento recoge el polen del maíz maduro y lo lleva de campo en campo. Si mis vecinos cultivaran maíz inferior al mío, la polinización degradaría continuamente la calidad de mi maíz. Si yo quiero cultivar maíz bueno, tengo que ayudarlos a cultivar el mejor maíz, cediendo a ellos las mejores semillas.
 
En la realidad, parece que esto no es así. Ayer, un dirigente de Federación Agraria Argentina de una localidad vecina envió un mensaje de texto a quien escribe esta columna diciendo estas cosas: “Es peor de lo que imaginás, nosotros, los productores medianos, estaremos a la deriva si tenemos que pagar el uso de esta tecnología. Los controles que se harán serán para no burlarlos, estarán controlando en cada puerto, parece el apocalipsis donde nadie podrá vender ni comprar si no pagó el gen que tiene en esa semilla”.
 
El productor, tal vez un poco dramático, está exponiendo la preocupación por la decisión de Monsanto de cobrar, compulsivamente, el uso de su tecnología Intacta en la soja.
 
Desgraciadamente, el Chaco es una de las provincias donde los productores más usaron esta variedad genética, y donde mayor afectación por sequía tuvieron, y por eso los rindes tan bajos que obtuvieron en algunas zonas.
 
Reacción en cadena
 
Monsanto cobrará por sus semillas a partir de 2016 y el canon recaerá sobre la soja transgénica y su pago será compulsivo, según se informó en medio de una fuerte oposición de productores y acopiadores.
 
En este sentido, la Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Cooperativas Federadas -Fecope-, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Limitada -Cafer-, entre otras, reclamaron -sin éxito alguno- que se haga lugar a la medida cautelar presentada ante Defensa de la Competencia para que se pare con este sistema, y aún no ha sido resuelto por el organismo nacional.
 
La abogada Andrea Lucía Sarnari, asesora legal de Fecofe (Federación de Cooperativas Federadas), integrante de la Comisión de Semillas de Federación Agraria Argentina, y miembro de Conase (Comisión Nacional de Semillas), aseguró a NORTE desde Rosario que Monsanto, “violando la legislación argentina, y haciendo uso de su posición dominante en el mercado, ha introducido a través de un modelo de agronegocios reglas entre particulares que tratan de violar la legislación nacional”.
 
Explicó que la multinacional ha introducido al mercado de semillas en Argentina una tecnología que denominan comercialmente Intacta, la cual, según aduce Monsanto, está patentada, “pero en Argentina está prohibido patentar vegetales, aunque sí está protegido por el Registro Nacional de Cultivares (Inase)”, señaló.
 
Acopiadores dicen que distorsiona el mercado
 
La Federación de Acopiadores volvió a alertar sobre el gravísimo problema que acarrea el ilegal y compulsivo sistema diseñado por Monsanto para el cobro de patentes. Dicen que como Monsanto no quiere asumir el costo de la cobranza del canon de la semilla, pretende utilizar a los agentes del comercio de granos como sus recaudadores. Así, exportadores, acopiadores y cooperativas, que nada tienen que ver con el negocio de la semilla de soja, se ven involucrados en un mecanismo que distorsiona el comercio al ser obligados a actuar como agentes de retención y recaudación a favor de la empresa multinacional.
 
Este mecanismo es fuertemente cuestionado y rechazado por las entidades de productores, acopiadores, cooperativas y corredores. Incluso también Aapresid sostiene que tanto el germoplasma como la tecnología deben cobrarse en la semilla y no en el grano de soja. La iniciativa de Monsanto tuvo principios de ejecución para la soja de la campaña 14/15 producida en el NOA y NEA y pudo ser instrumentada porque la compañía obligó a los compradores finales (exportadores e industriales) a incorporar en sus contratos de compra de soja en forma compulsiva la “cláusula de biotecnología” comentada. “Se compra con la cláusula sí o sí. Si no se acepta no hay compradores de soja”.
 
Usos y costumbres quebrantados
 
De esta forma, la compañía podría llegar a quebrantar los usos, costumbres y principios que rigen la comercialización de granos en nuestro país gracias al condicionamiento que impuso a los exportadores para otorgar los “certificados de bioseguridad” que China exige a la importación de soja.
 
Es evidente que si no existe alguna solución por parte del Estado que resuelva semejante conflicto, la comercialización de la próxima campaña de soja tendrá serios problemas.
 
Retendrán hasta 15 dólares por tonelada
 
Los acopiadores dicen que el problema ya comenzó a manifestarse porque hoy los exportadores imponen, en sus contratos de compra de grano de soja de la próxima campaña (forwards), la famosa cláusula de biotecnología por la cual los acopiadores, que no somos los dueños de la soja, debemos aceptar la retención de hasta U$S 15 por tonelada en caso de que el grano contenga la presencia de tecnología patentada por Monsanto que, recordamos, es un procedimiento aplicado a la semilla que nada tiene que ver con el grano y el uso que se le dará.
 
Está claro que ante la imposibilidad de encontrar una “solución de mercado” (todos los exportadores han celebrado acuerdos secretos con Monsanto y los vendedores no tenemos opción), el conflicto requiere una solución del Estado, arbitrando entre los intereses y posiciones de las partes. Es un claro ejemplo de la necesidad de una intervención estatal para la solución de conflictos, dicen los acopiadores.