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Debutó el control a importados con las exigencias de Moreno
El gobierno brasileño revisa los alcances y hay quejas de empresarios uruguayos y paraguayos. Un formulario pide información adicional. En 15 días corridos se sabrá el veredicto.
Por Alejandra Gallo y Tomás Canosa
La ventanilla única debutó ayer con cambios inesperados en su letra. Sorpresivamente cuando los primeros importadores fueron a completar la información requerida por la AFIP, que conduce Ricardo Echegaray, descubrieron que se les pedían nuevos datos copiados del formulario que vía web también les exigía que completen la Secretaría de Comercio, en manos de Guillermo Moreno.
Clarín consultó a tres operadores de peso y aseguraron que el sistema debutó sin problemas técnicos .
La tensión entre Echegaray y Moreno viene creciendo desde hace días. Ambos se disputan el poder absoluto para subirle o bajarle el dedo a cada embarque que ingrese al país desde el exterior.
Echegaray, mentor de la ventanilla única que comenzó a funcionar ayer, incorporó repentinamente en su formulario el pedido de datos sobre precios, montos de importación y las fechas tentativas de ingreso de la mercadería.
Esos son todos datos que estaban incluidos en la nota de pedido que, vía mail, les reclamaba a los importadores el secretario Moreno.
Y que los empresarios, como había adelantado Clarín, completaban prolijamente para evitar alterar los ánimos del poderoso funcionario que sigue acumulando poder con el aval de la presidenta Cristina Kirchner.
Esos nuevos datos servirán para cruzar más información sobre los costos que pagan las empresas y los precios a los que ofrecen sus productos.
También para, por ejemplo, evaluar si los sectores protegidos por licencia son automáticas han aumentado su inversión, producción y exportación. Fuentes oficiales y privadas coincidieron en que esos sectores denominados sensibles estarían ahora en la mira de Moreno.
Con el nuevo formulario que ahora Echegaray completó con los aportes de Moreno, las nuevas autorizaciones oficiales demorarían cerca de 15 días si se computan tanto las venias de la AFIP como las de Comercio. El “manual de uso” dice que la secretaría de comercio se tomará 15 días corridos (y no hábiles como decía originalmente la resolución).
Este nuevo régimen se estrena cuando, por las restricciones que ya se aplican, hay faltantes de todo tipo.
Los propios importadores mencionan desde insumos para la industria petroquímica a materiales para teñir las prendas textiles, tubos para fabricar aspiradoras, material médico farmaceútico y descartables como guantes y jeringas. En el listado también figuran neumáticos, cocinas eléctricas y repuestos para automotores.
Entre las empresas hay inquietud porque las nuevas certificaciones terminen demorando el ingreso de insumos que hoy resultan claves para la producción y que no pueden ser reemplazados por productores locales. La preocupación oficial sobre la demanda de dólares y la necesidad de mantener el superávit comercial en torno a US$ 10.000 millones disparó esta decisión en torno al nuevo permiso para importar. Pero las cifras del INDEC advierten que hay otro rojo comercial que el Gobierno debería mirar con inquietud. El déficit de la balanza comercial industrial roza US$30.000 millones, lo que demuestra que no hay política de sustitución de importaciones industriales. Ayer, el gobierno brasileño anticipó que “revisará legalmente” esta medida y hubo sonoras quejas de industriales uruguayos y paraguayos.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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