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Por Favio Ré.- El reloj cuenta las horas para el fin de 2016, un año que será guardado en el cajón de los mejores recuerdos por el sector agropecuario, debido a la recuperación que se vivió tras años de políticas desfavorables.
 
Muchos indicadores de producción y otros vinculados al consumo del campo son una muestra de este balance positivo; en ese marco, algunas estadísticas más que se pueden sumar al listado son las que consiguió la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba.
 
A lo largo de todo el ejercicio, los inspectores labraron 610 actas, 82,6 por ciento más que en 2015; de ese total, la mayoría (84 por ciento) correspondió a infracciones a la Ley 9.164 de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario: 514 en total. Representó 134 por ciento más que las 219 del año pasado. El resto, entre otras, fue por faena clandestina o desforestación.
 
Las inspecciones a depósitos con agroquímicos crecieron 89,9 por ciento: de 168 a 319. Los procedimientos derivaron en 85 clausuras (un aumento de 286 por ciento) y 36 inhabilitaciones (44 por ciento). También se clausuraron 37 máquinas aplicadoras, entre terrestres y aéreas, el cuádruple de las nueve precintadas en 2015. En total, a lo largo del año, se aplicaron sanciones pecuniarias por 2.753.000 pesos.
 
Protocolos e informática
 
En diálogo con Agrovoz , el director de Fiscalización, Martín Gutiérrez, contó cómo fue que se lograron estos indicadores de gestión. Además de cuáles son los planes para seguir avanzando en conseguir más eficiencia en los controles a las actividades agropecuarias que se realizan en Córdoba.
 
El área que comanda Gutiérrez cuenta con 30 trabajadores, que se distribuyen entre los encargados de los registros de aplicadores, los inspectores, los abogados del área resolutiva (la que eventualmente impone sanciones) y los encargados de dictar los cursos de capacitación.
 
Según el funcionario, que fue uno de los asesores seleccionados por el ministro Sergio Busso al asumir un año atrás, el primer paso que dio fue coordinar las tareas de todo el equipo, estableciendo protocolos de trabajo específicos para cada subárea.
 
“Teníamos casos de, por ejemplo, abogados de resolutivos que pedían nuevas inspecciones porque las actas tenían algún error o les faltaba más información; o inspectores que debían evaluar según criterio propio si algún depósito estaba bien o mal construido, debido a que no había pautas claras. Lo que hicimos fue hacerlos dialogar, que se pusieran de acuerdo entre lo que necesitan unos y otros y redactamos un manual de operaciones que especifica en detalle cómo debe actuar cada sector, sin que nada quede librado a interpretaciones”, precisó Gutiérrez.